El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha denunciado este viernes que desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó a las autoridades de Siria a poner fin a su programa de torturas y malos tratos sobre detenidos hace justo un año, "el régimen (sirio) no ha cumplido con estas directivas".
"Las organizaciones de Derechos Humanos y Jurídicas siguen documentando el uso por parte del régimen de la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluso, más recientemente, contra sirios que huyen del conflicto en el Líbano", ha detallado Miller.
El Departamento ha señalado que "las víctimas, los supervivientes y sus familias merecen justicia y rendición de cuentas". "Por ello, el Departamento de Estado anuncia la designación de Abdul Salam Fajr Mahmoud, general de brigada de la Fuerza Aérea Siria, su esposa Suhair Nader al Jundi y sus cuatro hijos adultos en virtud del artículo 7031 debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos, a saber, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", han agregado.
Según datos vertidos por el portavoz, durante el conflicto en Siria, "se han documentado más de 15.000 casos de personas que han muerto a causa de la tortura y otros malos tratos, incluidos ciudadanos estadounidenses".
Por lo tanto, ha hecho un llamamiento a las autoridades sirias "para que cesen de inmediato su uso brutal y sistemático de la tortura y cumpla la orden de la CIJ".
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó hace un año a las autoridades de Siria a poner fin a su programa de torturas y malos tratos sobre detenidos, en un dictamen vinculante y sin precedentes desde el estallido del conflicto en 2011 y que responde a un litigio iniciado por Canadá y Países Bajos.
Los dos países europeos presentaron en junio de 2023 una solicitud ante la CIJ alegando que el régimen de Bashar al Assad estaba incumpliendo la Convención contra la Tortura con acciones que se remontarían a 2011, con su "violenta represión de las manifestaciones civiles" y las sucesivas medidas adoptadas en el marco del conflicto posterior.
Los jueces del tribunal de la ONU adoptaron entonces una serie de medidas cautelares que implican "prevenir" y "no cometer" actos de tortura y malos tratos y, al mismo tiempo, preservar cualquier posible prueba sobre estos casos.
La intervención teóricamente es de obligado cumplimiento, pero 'de facto' la CIJ no tiene forma de asegurarse de que así sea. El tribunal ya intervino por ejemplo en los días posteriores al inicio de la invasión rusa sobre Ucrania para pedir el cese de una agresión que sigue abierta a día de hoy.
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