San Salvador, 23 oct (EFE).- Un grupo de organizaciones no gubernamentales registran al menos 73 casos de vulneraciones a diferentes derechos, mayormente a la libre expresión, en El Salvador entre enero y agosto del año en curso, de acuerdo con datos presentados este miércoles y compartidos por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Los casos fueron registrados en una plataforma de monitoreo del espacio cívico liderada por Fespad, con la que se busca monitorear, sistematizar y denunciar las condiciones que afectan los derechos humanos y los marcos normativos que limitan la labor de las oenegés en el país, señalaron durante una conferencia de prensa.
Las estadísticas de las organizaciones indican que el 49,3 % de los casos registrados (36) corresponden a vulneraciones a la libre expresión, un 38,4 % a la libertad de asociación (28) y un 12,3 % al derecho a la reunión pacífica (9).
En cuanto al perfil de las personas afectadas, apunta Fespad, los periodistas representan el mayor número de casos con un 42,5 %.
Los funcionarios públicos figuran como los mayores agresores con un 38,4 % y le siguen agentes de la Policía Nacional.
"Durante este periodo el número de casos relacionados con la libertad de expresión subraya la necesidad de continuar vigilando y promoviendo el respeto a las libertades cívicas. Así como garantizar que se cumplan los estándares internacionales en materia de los derechos humanos", señaló una representante de las organizaciones.
Agregó que "la garantía del espacio cívico implica permitir la participación de la sociedad civil en la defensa de sus derechos, contribuir a la construcción de políticas públicas y ejercer control sobre las decisiones de los poderes públicos".
Las organizaciones que impulsan dicha plataforma señalan que en los últimos años se han identificado "barreras" al ejercicio pleno de derechos "dentro del espacio cívico" así como la "supresión de espacios de diálogo, la obstrucción de la labor periodística, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de defensores de derechos, y la obstaculización para la legalización de organizaciones no gubernamentales".
Por lo anterior instan al Estado salvadoreño "a revisar los casos reportados en el informe, con el objetivo de impulsar acciones que garanticen un entorno seguro y propicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades y contribuir al desarrollo del país en todos los ámbitos".
En esta iniciativa le acompañan a Fespad el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).EFE
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