Quito, 22 oct (EFE).- Más de 80 organizaciones sociales de Ecuador se unieron en un comunicado en el que rechazan el tratado de libre comercio (TLC) que el país andino negocia actualmente con Canadá por considerar que este acuerdo busca impulsar proyectos mineros con capital canadiense que pueden dañar el medioambiente y vulnera los derechos humanos, de la naturaleza y la soberanía nacional.
Este comunicado se produjo en el marco de la cuarta ronda de negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá que tiene lugar esta semana en Quito y que, según se ha anunciado, daría paso a la última ronda en diciembre de este año en Canadá.
“Este tratado va a intensificar el extractivismo minero, lo que agravará la conflictividad social, ya existente por la concentración y contaminación del agua, los daños a la producción agrícola, y los procesos de despojo a las comunidades en las zonas donde se encuentran proyectos mineros con capital canadiense”, señaló el escrito.
También en él se resaltó la violación de derechos que, indicaron, ya se ha dado en Ecuador por parte de empresas mineras canadienses como en los proyectos Loma Larga, en la provincia andina de Azuay, o Warintza, en la amazónica de Morona Santiago, donde “las operaciones han generado graves conflictos sociales y ambientales” al operar “sin respetar los territorios ni las leyes del país”, según estas organizaciones.
La dirigente indígena Blanca Chancosa expresó este martes en una rueda de prensa que el tratado involucra artículos sobre la minería o el arbitraje internacional sobre los que el pueblo ecuatoriano ya se pronunció en contra en anteriores consultas populares.
Aún así, “van a seguir concesionando los espacios territoriales, afectando el agua y beneficiando a las empresas mineras canadienses”, declaró Chancosa, que también se mostró preocupada por la gran cantidad de agua que ocupa la industria minera y, junto al cambio climático, los efectos que esto pueda tener en el país.
Entre otras cuestiones que mencionó el comunicado se encuentra la presunta inclusión en los capítulos del tratado del arbitraje internacional que, según expresó Cecilia Chérrez, de Acción Ecológica, otorgaría enormes privilegios a las empresas transnacionales como la posibilidad de demandar al Estado ante tribunales internacionales de arbitraje.
Cherrez indicó también que la población de Ecuador ya se posicionó en contra de esto en un referéndum que tuvo lugar el abril pasado.
La actual carta magna de Ecuador permite los arbitrajes internacionales que tengan como sede algún país de Latinoamérica.
También se recogió la instrumentalización de la participación social en el acuerdo comercial mediante un capítulo que incluye a los pueblos y nacionalidades, pero que "desconoce el posicionamiento explícito de las organizaciones indígenas en rechazo a los proyectos mineros en sus territorios".
A su vez las organizaciones destacaron la rapidez con la que el acuerdo comercial se ha negociado, que podría ser motivado, según su opinión, por intereses privados del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Este pronunciamiento se produjo en el marco de la cuarta ronda de negociaciones del TLC que se desarrolla esta semana en Quito a puerta cerrada y por el que estas organizaciones alertaron al considerar que se realiza de manera secreta.
Chérrez expresó la preocupación que sienten ante el impedimento de que como sociedad se pueda analizar o debatir sobre los posibles efectos negativos que este tratado puede tener en sectores vulnerables de la población, en el respeto a sus derechos humanos y a la naturaleza.
A través de un acuerdo el Gobierno ecuatoriano decidió "clasificar como información reservada" todo aquello que Canadá catalogue como "confidencial" en las negociaciones del acuerdo comercial entre los dos países. EFE
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