San José, 28 ago (EFE).- Defensores de derechos humanos nicaragüenses en el exilio denunciaron este miércoles un aumento de la represión en Nicaragua bajo el Gobierno que preside Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.
La denuncia fue expuesta por los activistas en un foro sobre derechos humanos celebrado en ocasión del Cuarto Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrolla en Ginebra y fue transmitido de forma virtual para los periodistas nicaragüenses en Costa Rica.
En el foro, denominado 'Restauración democrática y vigencia de derechos humanos en Nicaragua', la activista nicaragüense Ivania Álvarez, del organismo Urnas Abiertas, dijo que "a lo largo de estos años el oficialismo persiguió a los partidos políticos y opositores", a los que ilegalizó o encarceló y desnacionalizó.
También "creó un sistema de partidos hecho a su medida para legitimar los respectivos fraudes electorales que sucedieron, dejando a la oposición sin la oportunidad de disputar el poder político a través de vías institucionales”, señaló.
Por su lado, el defensor de derechos humanos nicaragüense Salvador Marenco, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, contextualizó sobre el incremento exponencial del "control del pensamiento y las acciones del régimen hacia la población desde el 2018", cuando estalló una revuelta popular contra el Gobierno sandinista, que la neutralizó con la fuerza.
"El Estado de Nicaragua comenzó a despreciar los organismos internacionales mucho antes del 2018. Ya el 2017 ellos no asistían a las audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explicó el abogado.
El activista dijo que el Gobierno sandinista aceptó la presencia en el país de delegaciones de la CIDH y de la ONU "por la presión internacional, debido al escándalo que significaron para el mundo las ejecuciones extrajudiciales de las personas el mismo 2018”.
Posteriormente, continuó Marenco, las autoridades expulsaron del país a estas organizaciones, incluyendo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Daniel Ortega dejó a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad, mayor desprotección, además de disminuir la capacidad para fiscalizar las acciones del régimen", advirtió.
Los activistas solicitaron "acciones internacionales" para proteger a las víctimas y restaurar la democracia en el país centroamericano.
La actividad contó con la participación, además de Álvarez y Marenco, del profesor indígena Gabriel Putoy, del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX); Francys Valdivia, en representación de los familiares de las víctimas; y el brasileño Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH.
El foro fue moderado por la directora de proyectos de la Red Internacional de Derechos Humanos (Ridhe), Winnye Bernard, quien comentó que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua "han adoptado formas más sistemáticas y transnacionales, con la persecución de personas defensoras incluso fuera de las fronteras nicaragüenses".
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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