OCU denuncia por malas prácticas a los festivales FIB, Monegros Desert Festival, Puro Latino, Sonórica y Zevra Festival

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades autónomas las malas prácticas observadas en los festivales de música al aire libre FIB, en Benicasim (Castellón; Monegros Desert Festival en Fraga (Huesca); Puro Latino en sus cinco localizaciones; Sonórica en Castro Urdiales (Cantabria) y Zevra Festival en Cullera (Valencia). Estas denuncias se suman a las ya presentadas por la organización contra otros dos festivales: el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound en Lorca (Murcia). En su conjunto, los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes. Concretamente, la OCU alerta de que los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta 'cashless', un medio de pago obligatorio que "limita" el derecho de los asistentes a usar el efectivo, según han informado en un comunicado. Además, aseguran que en ocasiones los festivales imponen un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución --cinco días en el caso del FIB--, superado el cual se pierde el dinero, lo que supone un "enriquecimiento injusto" del promotor. Otra de las malas prácticas señaladas se trata del cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival --que puede alcanzar los 25 euros--, lo que afean que puede considerar "una retención ilegal". Además, los festivales también incurren en la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que OCU considera que es "abusiva". También consideran que es abusivo el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB --donde el vaso alcanza los 2,5 euros--, o el alquiler de vasos para poder beber agua potable, observado en el Fortaleza Sound. En este sentido, OCU recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones. Por ello, OCU ha animado a los afectados a solicitar hojas de reclamaciones y urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados. Aún así, remarca que "lo ideal" sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Salvo en el caso de Asturias, agravan que la legislación autonómica es "permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores".