Lima, 28 jun (EFE).- La Justicia de Perú ordenó este viernes a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior y al de Defensa que entreguen los planes operativos elaborados para el control de las protestas antigubernamentales en nueve departamentos entre diciembre de 2022 e inicio de 2023.
"La gran cantidad de muertos y heridos constituye un imperativo para el Estado de llegar a la verdad y definir si lo ocurrido tipifica los delitos objeto de investigación y merecen castigo", indicó la resolución publicada por el Poder Judicial en la red social X.
Añadió que los documentos requeridos al Gobierno "son pertinentes, útiles y, sustancialmente, imprescindibles para fijar el marco de comportamiento de las Fuerzas del Orden y calificar si lo definido y comunicado ocasionó o contribuyó al resultado fatalmente desencadenado, así como quiénes pudieron estar comprometidos con el resultado: muertes y lesionados graves".
Indicó que en el marco de la investigación penal del Ministerio Público, la institución debe contar con los planes de operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaborados para el control de manifestaciones ocurridas en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno, Ucayali, Cusco y Lima, entre el 10 y 19 de diciembre de 2022 y entre el 9 y 28 de enero de 2023.
Así como las comunicaciones remitidas por la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, y los ministerios del Interior y Defensa.
El Poder Judicial informó que esta decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades mencionadas, en la investigación contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y otros.
El fallo precisó que "la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido, ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".
En la resolución, el tribunal también señaló que "el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública".
Actualmente, la mandataria y el ex primer ministro Otárola son investigados por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
La ex fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, denunció el 27 de noviembre de 2023 en el Congreso a Boluarte y Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales.
Y también contra los tres exministros del Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco -junto a Boluarte y Otálora- los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe, en mayo de 2023, en el que sostuvo que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano en las protestas antigubernamentales.
Específicamente, en la represión de los manifestantes en la región Ayacucho, la CIDH indicó que pudo haber ejecuciones extrajudiciales y que al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, "podrían calificarse como una masacre".
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