
París, 8 abr (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia mañana martes sobre tres demandas con las que los denunciantes esperan exigir por vía judicial a los países europeos la puesta en marcha de políticas contra el cambio climático.
Los jueces europeos podrían declarar de entrada inadmisibles las tres demandas o algunas de ellas por razones formales sin entrar a examinar el fondo, pero en el caso de que sí lo hicieran y dieran la razón a los demandantes, sentarían las bases de una jurisprudencia inédita de consecuencias potencialmente muy profundas tanto en términos políticos como de separación de poderes.
Las demandas son sintomáticas de la voluntad de las organizaciones ecologistas de extender su acción por la vía judicial europea.
Una de las tres demandas se lleva el grueso del protagonismo de las tres por el respaldo de muchas ONG y figuras mediáticas del ecologismo como Greta Thunberg -que estará presente en Estrasburgo-, que han querido convertirla en una tribuna pública para su causa.
Se trata de la que formalizaron en septiembre de 2020 seis jóvenes portugueses contra su país y contra otros 31 Estados europeos (inicialmente también atacaron a Rusia y a Ucrania, pero luego los excluyeron) a los que reprochan su responsabilidad en el calentamiento global y en las consecuencias que tiene y tendrá para sus vidas.
Estos seis jóvenes, dos de los cuales son todavía menores de edad, les culpan entre otras cosas de los incendios que sufre cada año Portugal, que han alterado su vida, su salud y les ha generado ansiedad por esos y otros fenómenos catastróficos derivados del cambio climático.
Se amparan en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, principal referente para el Tribunal de Estrasburgo, pero también en otros tratados internacionales, y en particular los Acuerdos de París, con los que la comunidad internacional se marcó el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de dos grados centígrados.
Aunque hay controversia sobre el carácter vinculante de ese y otros tratados citados -puesto que no están definidas explícitamente sanciones por su incumplimiento-, consideran que los Estados están obligados a adoptar medidas para disminuir sus emisiones, compensar las generadas con los productos que importan o prohibir la venta de combustibles fósiles.
Además, estiman que la urgencia para exigir la puesta en marcha de políticas que atenúen el cambio climático dada la situación, le exime de haber agotado las vías de recurso interno en cada uno de los Estados a los que han denunciado, que es una condición previa para poder plantear un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según su línea argumental, teniendo en cuenta los medios de los que disponen si tuvieran que cumplir esa condición se les estaría imponiendo una carga "excesiva y desproporcionada". Y lo que hace falta para corregir la dinámica actual y obtener una solución eficaz es que todos los países intervengan, no sólo individualmente.
Las otras dos demandas son de una asociación de mujeres de edad avanzada que demandaron a Suiza por las consecuencias para su salud de las futuras olas de calor; y del que fue alcalde ecologista de la localidad francesa de Grande Synthe, en la costa del Canal de la Mancha, que reclamó a su país una reducción de las emisiones de CO2 para evitar la subida del nivel del mar.
A los jueces europeos se les plantea en primer lugar la cuestión de si estas dos demandas las presentan personas que pueden considerarse potencialmente concernidas de forma directa por una eventual violación de sus derechos.
Y sobre el fondo, si amparándose en el CEDH se puede reclamar al Tribunal de Estrasburgo una acción precisa. Es decir, si las autoridades están obligadas a poner en marcha una política concreta para cumplir con los objetivos internacionales asumidos en lo referido a las emisiones de gases de efecto invernadero.
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