Tegucigalpa, 20 mar (EFE).- La violencia que sufren las comunidades indígenas y garífunas (negras) en Honduras se deriva de la falta de reconocimiento de sus territorios ancestrales y el otorgamiento de concesiones para proyectos extractivos sin aplicar el derecho a la consulta libre, previa e informada, destaca un informe presentado este miércoles en Tegucigalpa.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), entidad fundada por la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, subraya en su informe que la violencia contra los pueblos indígenas y garífunas proviene de la "falta de reconocimiento y protección efectiva de sus territorios por parte del Estado, especialmente ante procesos irregulares e ilegales de entrega de títulos privados a favor de terceros en tierras ancestrales".
El documento titulado "Pueblos Indígenas: Derechos, Territorios y Leyes” señala además que la violencia contra las comunidades lencas es la consecuencia del otorgamiento de concesiones para proyectos extractivos y de explotación de recursos naturales, energéticos y mineros, entre otros, "sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada, y el consentimiento".
Sumado a ello las estrategias de "ataques" contra líderes y miembros de los pueblos indígenas y negros orientadas a "la persecución, criminalización, violencia y asesinatos para neutralizar y eliminar cualquier demanda social reivindicatoria de la tierra y el territorio", añade el estudio.
"Esos ataques han profundizado la fractura en el tejido social de las comunidades afectadas, donde existen menos espacios de diálogo y una deficiente respuesta institucional, por lo que amerita una intervención con un enfoque preventivo de la violencia, fundamentalmente, debido a que el despojo en la coyuntura actual, responde a problemas estructurales e históricos en la sociedad hondureña", resalta el Copinh.
Bertha Zúñiga, la hija de la ambientalista Berta Cáceres, dijo a EFE que es fundamental la titulación comunitaria de las tierras ancestrales ante la creciente invasión de sus territorios.
En Honduras "no existe una ley especial" para la titulación de tierras reclamadas por las comunidades indígenas y garífunas (negra), señaló Zúñiga, quien es la coordinadora general del Copinh.
Destacó que la falta de una normativa y la apropiación ilegal de tierras por parte de instituciones del Estado o personas externas, entre otros factores, evitan el reconocimiento legal de los territorios indígenas y garífunas.
"Mientras no sea reconocida la propiedad colectiva de los territorios está expuesto todo el territorio de las comunidades y aunque se sabe que ancestralmente son nuestros territorios, no hay lamentablemente un papel que acredite esa posesión y un papel que diga que son propiedades inembargables", explicó Zúñiga.
El estudio señala que las comunidades indígenas y garífunas enfrentan "una situación de precariedad y desprotección de sus tierras, territorios y bienes naturales" en Honduras debido a la "incompatibilidad" entre la aplicación de políticas y leyes y las obligaciones internacional del país en materia de derechos humanos de esos grupos étnicos.
Por ello, el Copinh considera necesario "una respuesta integral" que incluya la reforma y fortalecimiento del actual marco normativo e institucional para garantizar el cumplimiento de los reclamos de los pueblos indígenas y negros con relación a sus territorios, respeto a su autodeterminación y a la consulta libre, previa e informada.
Solicita además la creación de una legislación especial para garantizar el derecho a la tierra, territorios y bienes naturales, y que el Estado adopte medidas apropiadas para "prevenir, investigar, castigar y reparar" las violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas y negras.
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