
Atenas, 27 feb (EFE).- Un año tras el grave accidente de tren que causó 57 muertos en Grecia, las familias de las víctimas todavía piden que se haga justicia mientras acusan al Gobierno conservador de tratar de encubrir lo que califican como "uno de los mayores crímenes estatales en la historia del país".
"Al Gobierno no le interesa la vida humana, no tiene ningún valor", dice a EFE María Karistianú, quien perdió a su hija Márthi, de 20 años, cuando el 28 de febrero de 2023 un tren de pasajeros colisionó frontalmente con un tren de carga cerca de la ciudad de Tempe, en Grecia central.
Tras la tragedia se reveló que en el tramo Atenas-Salónica, donde se produjo el siniestro, no existían los sistemas de seguridad pertinentes, ni siquiera señalización, lo que provocó una ola de malestar y protestas multitudinarias contra el Gobierno del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.
"No es posible que en una tragedia como ésta, en la que 57 personas perdieron su vida el (entonces) ministro de Transportes siga libre declarando que es inocente", señala Karistianú refiriéndose a Kostas Karamanlis, quien dimitió unas horas después del accidente.
Ocho días antes de que se produjera la tragedia, el mismo Karamanlis señaló en el Parlamento que su Gobierno "garantiza la seguridad en los trenes" y, respondiendo a las críticas del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, dijo que "le daba vergüenza" que se expresaran dudas sobre la seguridad ferrocarril.
El pasado martes, el partido de Mitsotakis, la conservadora Nueva Democracia (ND), usó su mayoría absoluta en el Parlamento para poner fin a un comité de investigación que se creó hace tres meses con el fin de indagar las causas del accidente.
La decisión provocó la reacción de todos los partidos de oposición, la mayoría de los cuales decidieron abandonar el comité.
"Nos negamos a legalizar los métodos gubernamentales. ND lleva al comité a un callejón sin salida y nos negamos a participar en métodos para encubrir la verdad", señaló la diputada del partido socialista Pasok, Milena Apostolaki, antes de abandonar la sala.
El diputado de Syriza, Vasilis Kokkalis, recalcó que la mayoría gubernamental cerró la investigación sin que se hayan examinado "testigos clave" y unas horas antes de que la fiscalía enviara al comité un expediente sobre la investigación judicial en curso.
Pese a que tras el accidente, el Gobierno griego se comprometió a que se finalizarían "lo más pronto posible" una serie de obras de modernización de las vías férreas, en la mayor parte de la red aún no existen sistemas de control en remoto y todo sigue funciona a mano.
Muchos itinerarios todavía no se han reanudado, y en los que sí se realizan, entre los cuales la fatídica ruta Atenas-Salónica, se ha reducido el límite de velocidad máxima de los trenes.
Además, ahora es obligatorio que en cada turno haya dos jefes de estación en lugar de sólo uno.
Según Karistianú, presidenta de la 'Asociación de los Familiares de las Víctimas de Tempe', el hecho de que aún no funcionan todos los sistemas de seguridad pero los trenes siguen circulando demuestra "la trivialización de la vida humana por parte del Gobierno".
Mañana, cuando se cumple exactamente año desde la tragedia, el sindicato de funcionarios ADEDY y los trabajadores ferrocarriles, del metro y del tranvía de Atenas, han convocado un paro laboral de 24 horas en memoria de las víctimas y para exigir que "los verdaderos responsables" rindan cuentas ante la Justicia.
Diego Sáez Papachristou
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