Ciudad de Guatemala, 20 feb (EFE).- La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, dejó firme este martes el fallo judicial que ordena cerrar el caso contra un grupo de militares retirados, entre ellos altos mandos, acusados de la desaparición forzada de más de más de 500 personas entre 1982 y 1988, durante el conflicto armado interno (1960-1996).
El máximo tribunal rechazó los recursos que el Ministerio Público (Fiscalía) presentó para evitar el cierre del caso y con este fallo confirmó los beneficios para los militares implicados.
Entre los beneficiados con esta medida se encuentra el general Benedicto Lucas García, hermano del dictador Romeo Lucas García (1978-1982), quien se encuentra cumpliendo una sentencia de más de 30 años de prisión por otro caso de crímenes de guerra.
Los otros seis militares beneficiados son Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.
El caso por el que estaban acusados se trata de la desaparición forzada más grande del continente, 565 cuerpos encontrados en 1982 que estaban atados de pies y manos, con los ojos tapados y que fueron distribuidos en 82 fosas dentro de un cementerio clandestino que hoy ocupa el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz).
Los forenses encargados de la exhumación de las 565 osamentas lograron identificar a 150 de ellas, concluyendo que en su mayoría eran pobladores de las comunidades de Río Negro y Pambach del departamento (provincia) de Alta Verapaz, en el norte del país centroamericano.
La jueza Claudette Domínguez fue la encargada de beneficiar con medidas sustitutivas y el cierre del caso a los militares, previo a la confirmación de la Corte de Constitucionalidad.
El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996. EFE
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