Naciones Unidas, 5 feb (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU trató este lunes a puerta cerrada la crisis en Birmania, cuando se acaban de cumplir tres años del golpe de Estado militar que acabó con el Gobierno de Aung San Suu Kyi y llevó a esta a prisión.
En una declaración a la prensa antes de la reunión, el representante ante la ONU del Gobierno depuesto, Kyaw Moe Tun, pidió a los países miembros del Consejo que aprueben "una resolución realizable" contra la junta militar.
"Mi pregunta, una y otra vez, es qué están esperando para salvar las vidas del pueblo de Birmania", dijo el embajador que todavía ocupa el sillón de este país asiático en la Asamblea General pese a los intentos de la junta militar de destituirlo y nombrar a una persona de su confianza.
Unas 4.500 personas han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas y casi 20.000 se encuentran detenidas, entre ellas Suu Kyi, desde el golpe, según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP).
La embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, pidió el "fin inmediato de toda la violencia", y que las autoridades liberen a todas las personas "detenidas arbitrariamente", en una rueda de prensa previa a la reunión del Consejo.
Woodward, junto a representantes de Ecuador, Francia, Japón, Malta, Corea del Sur, Eslovenia, Suiza y Estados Unidos, recordó que en el país hay 18 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, y solicitó el retorno de los refugiados rohinyá, una minoría musulmana que ha sufrido constantes violaciones de los derechos humanos en Birmania.
El miércoles pasado, la junta militar birmana anunció la quinta extensión del estado de emergencia, lo que garantiza a las fuerzas armadas plenos poderes ejecutivos y legislativos seis meses más, cuando el conflicto se agudiza tras el surgimiento de una ofensiva de fuerzas prodemocráticas y étnicas antijunta el pasado octubre.
La ampliación del estado de emergencia elimina la posibilidad de celebrar elecciones durante dicho periodo por prohibición constitucional, lo que sugiere que los militares no están dispuestos a negociar su salida del poder como ofrece el prodemocrático Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se declara la voz legítima del país.
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