Arévalo: “Guatemala no ha tenido gobiernos conservadores, sino gobiernos corruptos"

Ciudad de Guatemala, 26 ene (EFE).- “Guatemala no ha tenido gobiernos conservadores, sino gobiernos corruptos”, asegura en una entrevista con EFE el presidente Bernardo Arévalo, el primer mandatario progresista del país centroamericano desde el restablecimiento de la democracia en 1986, quien considera que lo más urgente ahora es combatir esa herencia que le han dejado sus predecesores.

“Decirles conservadores es hacerles un favor. Nosotros no hemos tenido gobiernos conservadores, nosotros hemos tenido gobiernos corruptos que se han disfrazado de ideología”, asegura el flamante presidente guatemalteco, quien hace doce días asumió el cargo tras una tumultuosa transición de cinco meses que casi deriva en un golpe de Estado.

El apoyo por parte de la comunidad internacional contrapesó el hostigamiento de una parte de la élite política, judicial y empresarial del país hacia Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla, surgido de las protestas contra la corrupción de 2015 que desembocaron en la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, posteriormente condenado a 16 años de cárcel y actualmente en libertad bajo fianza.

Bernardo Arévalo de León, sociólogo y diplomático nacido en Uruguay en 1958 durante el exilio de su familia, lleva doce días en el poder y una de sus primeras decisiones ha sido recuperar el emblemático despacho presidencial de su padre, Juan José Arévalo (1945-1951), primer presidente de Guatemala democráticamente elegido y artífice de la "Revolución de 1944", un periodo de significativos cambios sociales y políticos en el país.

“Mi padre era un hombre con una clara visión democrática y de lucha por la justicia social. Esos son dos elementos centrales de mi Gobierno”, manifiesta Arévalo. El propósito de sus antecesores “no era administrar lo público, sino sencillamente echarle mano al erario público”, un latrocinio que según él ha costado al país el 40 % del presupuesto anual, que en 2023 ascendió a 115.443 millones de quetzales (unos 14.763 millones de dólares).

“El mejor ejemplo que tenemos es el Gobierno que acaba de terminar, que deja escándalos de corrupción que son realmente increíbles”, señala en alusión a la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024), quien actualmente goza de inmunidad por su condición de miembro del Parlamento Centroamericano.

De hecho, el pasado viernes Arévalo anuló el acuerdo gubernativo con el que su antecesor garantizaba agentes de seguridad y vehículos a los miembros de su círculo cercano tras entregar sus cargos el pasado 14 de enero, porque "la seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos".

Arévalo está obsesionado con este problema (menciona la palabra “corrupción” en promedio una vez por minuto), pero además de “luchar por la transparencia en la gestión pública”, los ejes de su Presidencia son “rescatar las instituciones democráticas” y “resolver los problemas de desarrollo” de un país donde, según el Banco Mundial, el 55,2 % de la población vive en la pobreza.

“Lo más urgente es la lucha contra la corrupción, pero lo más importante es la lucha por el bienestar de la gente”, enfatiza.

Hay que “rescatar las instituciones democráticas, no usarlas como pantalla para asaltar al poder y generar una situación de impunidad frente a la corrupción y hacer persecución política, que es lo que ha ocurrido durante los últimos gobiernos”, asegura Arévalo, quien ha estado en la mira de la fiscal general, Consuelo Porras, desde el 25 de junio del pasado año, cuando -contra todo pronóstico- logró pasar a la segunda vuelta de la elección presidencial.

Porras ha protagonizado una operación de acoso y derribo contra Arévalo y el oficialista Movimiento Semilla descrita como un “intento de golpe de Estado” por parte de diversos actores internacionales, desde la Administración de Joe Biden hasta el Parlamento y la Comisión Europea, pasando por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mayoría de los Gobiernos de la región.

Antes de asumir la presidencia, Arévalo aseguró que le pediría la renuncia a la fiscal general. Ahora es más cauteloso con sus palabras, aunque sigue firmemente decidido a que “el Ministerio Público cese en el proceso de hostigamiento a las instituciones democráticas que ha venido conduciendo y asuma un funcionamiento acorde a los principios democráticos”.

Asegurar la estabilidad política y evitar los intentos de involución democrática son otros dos importantes desafíos de su Presidencia, que deberá lidiar con un Parlamento en el que su partido sólo cuenta con 23 de los 160 escaños.

Es por eso que el nuevo presidente guatemalteco -en cuyo despacho han sido encontrados micrófonos y dispositivos de espionaje- insiste en que “la gobernabilidad tiene que involucrar a actores con voluntad de defender las instituciones democráticas y que operan desde la sociedad civil”, como el movimiento indígena, las comunidades campesinas y el sector privado.

“Lo primero que hay que hacer -dice- es poner a funcionar a las instituciones del Estado, para que lleven servicios a las zonas donde existe una marginación absoluta. Hemos tenido procesos de desarrollo excluyentes, que marginan. Hemos operado sobre la base del racismo”.

Arévalo es consciente de que no hay fórmula mágica para garantizar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos en los cuatro años que dura su mandato, pero tiene claro que la hoja de ruta pasa por concentrar los planes gubernamentales en las zonas del país más abandonadas históricamente, implementar mecanismos para fortalecer a la pequeña y mediana empresa, y atraer inversiones.

“Hemos hecho una invitación explícita a la inversión extranjera. La razón por la que no ha llegado mucha inversión a Guatemala es precisamente porque no existía ninguna certeza jurídica estando el Gobierno y Cortes en manos de personajes corruptos”, reconoce.

“Los últimos Gobiernos colocaron a nuestro país como un paria dentro de la escena internacional”, se lamenta el presidente de Guatemala, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores (1994-1995) y embajador en España (1995-1996) durante el Gobierno de Ramiro de León Carpio.

“Guatemala -recalca- necesita un sistema multilateral fuerte, buenas relaciones con la comunidad internacional y un trabajo conjunto con las democracias del mundo para crear un escenario de respeto a los principios del Derecho Internacional, que es la mejor garantía para los países pequeños, como el nuestro”.

Manuel Fuentes