Lima, 1 dic (EFE).- La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato en Perú alertó este viernes del impacto que puede tener en las investigaciones la crisis que vive el Ministerio Público y que ha incluido la suspensión de la cabeza del equipo de fiscales que investiga ese proceso, Rafael Vela.
"A la luz de los graves hechos conocidos y en aras de cautelar y garantizar el correcto e idóneo avance de los procesos Lava Jato, invocamos a la Junta Nacional de Justicia (máximo órgano de gobierno de la Judicatura) y a la Junta de Fiscales Supremos a que adopten las medidas necesarias para evitar que se continúe afectando a las investigaciones y los procesos en curso en el mega caso Lava Jato", reza un comunicado de ese grupo de la Procuraduría.
Hace una semana, Vela fue destituido por ocho meses por infracciones administrativas.
Coordinaba el trabajo de los fiscales encargados de investigar a altas autoridades, entre ellos a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y la excandidata Keiko Fujimori, entre otros políticos y dirigentes.
Su suspensión marcó el inicio de una crisis en la Fiscalía agravada el lunes pasado, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) llevó a cabo la operación 'Valquiria V' contra el entorno de la fiscal general, Patricia Benavides.
Dicha operación investiga una red de tráfico de influencias en el Ministerio Público que supuestamente lidera Benavides, protegida por un fuero especial que le confiere una inmunidad parcial.
En este sentido, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato lamentó la decisión de suspender a Vela Barba y expresaron su solidaridad con todos los fiscales que integran dicho grupo.
Por eso, lamentaron el impacto que pueda tener la situación para el futuro del caso.
"Manifestamos nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que traerían estas decisiones, ya que afectan el conocimiento y la experiencia acumulada en la conducción general de la estrategia fiscal en los más de 160 procesos penales 'Lava Jato'", señaló el comunicado.
También indicó que el Estado peruano y sus instituciones "están sujetos al cumplimiento de diversos tratados y convenios internacionales, los cuales imponen la obligación de investigar y sancionar de manera efectiva los delitos de corrupción de alcance nacional e internacional".
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