Bogotá, 24 oct (EFE).- La justicia colombiana condenó a más de cinco años de cárcel al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas por los delitos de tráfico de influencias durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), informó la Fiscalía este martes.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia encontró a Moreno responsable del delito de tráfico de influencias y lo condenó a una pena de cinco años y siete meses de prisión, el pago de una multa y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 82 meses.
Además, en el fallo se le deniega el beneficio de detención domiciliaria por lo cual se dictó orden de captura en contra de Moreno.
Según la Fiscalía, Moreno, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) entre julio de 2004 y agosto de 2010, aprovechó su cargo para reunirse con la entonces congresista Yidis Medina Padilla para lograr su apoyo a la aprobación de la ley que permitía la reelección presidencial inmediata.
En la investigación se comprobó que ambos acordaron que, a cambio de apoyar la reelección, ella obtendría nombramientos laborales para varias personas que fueron designadas en distintas entidades públicas. Asimismo, Moreno influenció ilegalmente a cinco funcionarios públicos para que se concretaran los nombramientos.
En 2005 Uribe logró aprobar la reelección presidencial inmediata, algo que no contemplaba la Constitución colombiana y que le permitió estar en el poder dos mandatos consecutivos.
No es la primera condena que recibe Moreno por hechos de corrupción cuando ejercía como secretario de Presidencia.
El 27 de febrero de 2015, Moreno y la exjefa de la central de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En concreto, Moreno fue declarado culpable de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos.
Hurtado fue directora del DAS entre agosto de 2007 y octubre de 2008, periodo en el que, según las investigaciones, se hicieron las escuchas ilegales a magistrados, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
En esa época, Moreno era secretario general de la Presidencia y, según algunos implicados, recibía informes de las escuchas.
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