Tegucigalpa, 17 oct (EFE).- Al menos 23 defensores del ambiente, la tierra y el territorio han sido asesinados en Honduras desde 2022, informó este martes la Comisionada de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, quien instó al Estado a realizar una investigación "exhaustiva" para esclarecer esas muertes.
Del total de defensores asesinados, más de una docena han muerto de forma violenta en lo que va de 2023, sin que se conozcan hasta ahora a los responsables ni las causas que motivaron estas muertes, según un comunicado del organismo de derechos humanos.
Una docena de los asesinatos ocurrieron en el departamento de Colón, en el Caribe; seis en Yoro (norte), dos en Atlántida (Caribe), uno en Lempira, uno en Intibucá (occidente) y otro en Choluteca (sur).
Izaguirre instó al Estado de Honduras a realizar una investigación "exhaustiva, bajo los estándares del debido proceso y la debida diligencia, para que estos hechos no se repitan y evitar que queden en la impunidad".
“Es deber del Estado hondureño garantizar el ejercicio de la defensa del territorio y del medioambiente a través de medidas sustanciales encaminadas a proteger la vida e integridad física de sus defensores”, subrayó.
La Defensora del Pueblo indicó que Honduras "urge" de una política pública integral de protección para los defensores de la tierra, los territorios, el ambiente y los derechos humanos.
"Honduras continúa siendo uno de los países del continente más peligrosos para la defensa de los derechos humanos", enfatizó Izaguirre.
Agregó que la impunidad que rodea estos casos "alimenta aún más la violencia" contra los defensores de la tierra, el ambiente y el territorio.
Muchos defensores de los derechos humanos en Honduras son víctimas de amenazas de muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión y difamación, entre otras.
El organismo de derechos humanos condenó el asesinato del campesino Kevin Meza, el sábado, y los ataques contra otros de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), en el sector del Bajo Aguán, departamento de Colón.
La EACI es firmante de los acuerdos del Bajo Aguán con el Gobierno de Honduras, desde el 22 de febrero de 2022, para el abordaje con un enfoque de derechos humanos de las causas estructurales de este histórico conflicto agrario.
Ante la situación "sistémica en la que se encuentran estas comunidades campesinas, deben ser de atención prioritaria para las autoridades hondureñas y así evitar la pérdida irreparable de más vidas", señaló el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Expresó además su preocupación por "la impunidad de estos hechos, ya que es un problema estructural, en Honduras, que impacta negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos y, en consecuencia, de la vigencia del Estado de Derecho".
"La tenencia de la tierra en el Bajo Aguán es una crisis permanente que demanda de la atención inmediata de las autoridades para prevenir la pérdida irreparable de la vida de más personas", enfatizó el Conadeh. EFE
ac/laa
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