Gobierno y Fiscalía piden acabar con venta ambulatoria de chips en Perú

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Lima, 24 abr. El Ministerio del Interior, la Fiscalía, el registro nacional de identificación y el organismo supervisor en telecomunicaciones de Perú exigieron este lunes que se acabe con la venta ambulatoria de chips de telefonía celular en la vía pública que, según remarcaron, amenaza "la seguridad de los habitantes del país".

En un pronunciamiento difundido por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), las instituciones manifestaron que "la seguridad de las familias en el país es un compromiso de todos y además una obligación inherente a las empresas operadoras de servicios móviles como parte de sus políticas de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno corporativo".

"La venta de chips móviles en la vía pública, prohibida normativamente, es una modalidad comercial vinculada con la informalidad que puede generar múltiples oportunidades en favor de la delincuencia", remarcaron.

Agregaron que "es necesario contratar solo de manera formal los servicios de telefonía móvil" y que el Estado, como titular de los servicios de telecomunicaciones, "establece la fiscalización debida sobre su utilización por parte de las empresas usuarias".

Saludaron, en ese sentido, que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso haya decidido "sumarse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad" mediante un proyecto de ley que ordena "el cese de la venta ambulatoria de chips móviles" y sanciona a los responsables de esta comercialización.

La semana pasada, el Osiptel acusó a las empresas de telefonía del país de incumplir las normas al seguir vendiendo líneas de manera ambulatoria e informó que en 2022 se presentaron más de 77.000 reclamos por contrataciones de líneas pospago no solicitadas y más de 10.000 "cuestionamientos de titularidad" de servicios móviles prepago.

"En la venta ambulatoria, los datos sensibles como el DNI o la huella dactilar son entregados a terceros que pueden utilizarlos para sacar líneas móviles sin consentimiento de los usuarios y para fines delictivos", comentó el presidente del Osiptel, Rafael Muente.

El funcionario agregó que el organismo brindó en 2022 más de 44.000 datos a instituciones como el Ministerio del Interior o el Ministerio Público para identificar a titulares de líneas o equipos móviles relacionados a delitos.

Aunque las multas impuestas a las empresas por infracciones relacionadas a la venta ambulatoria superaron los 4,6 millones de soles (1,2 millones de dólares), "está acción ilegal continúa, pues el monto de la sanción es menor al beneficio o ingresos que obtienen incumpliendo las normas", alertó el organismo.

Informó que, ante esta situación, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ya aprobó un proyecto de ley que prohíbe la comercialización y contratación de los servicios móviles de forma ambulatoria o en la vía pública y asigna responsabilidad administrativa a los representantes de las empresas por ello.

Este proyecto de ley ahora deberá ser discutido en el pleno del Congreso antes de su eventual aprobación. EFE

dub/gdl/bdp

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