WASHINGTON (AP) — La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 emitió formalmente el viernes una orden de comparecencia al expresidente Donald Trump, quien según los legisladores “orquestó personalmente” un esfuerzo coordinado para anular los resultados de la elección de 2020.
La orden es la escalada más reciente y notable de la investigación del mortífero asalto del 6 de enero, pues coloca a la comisión en conflicto directo con el hombre al que han investigado en forma remota, a través de declaraciones de colaboradores, aliados y socios.
En una carta a los abogados de Trump, el panel de nueve miembros exigió que el exmandatario declare bajo juramento, ya sea en el Capitolio o por videoconferencia, “a partir del 14 de noviembre o en torno a esa fecha” y continuar durante varios días si es necesario. En la carta también se le solicitó una serie de documentos correspondientes, entre ellos comunicaciones personales entre él y legisladores, así como con grupos extremistas.
“Reconocemos que una orden de comparecencia a un expresidente es una medida importante e histórica”, escribieron en la carta el presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la vicepresidenta, Liz Cheney. “No tomamos esta medida a la ligera”.
No estaba claro cómo responderían Trump y su equipo de abogados a la orden. El expresidente podría acatar la orden, negociar con el panel o simplemente ignorarla. También podría apelarla en un tribunal.
El portavoz de Trump no contestó por el momento una solicitud de comentarios.
La comisión alegó en su carta que ha reunido “pruebas abrumadoras” de que Trump “orquestó personalmente” una campaña para revertir su propia derrota en la elección de 2020, incluso con la difusión de denuncias falsas de fraude generalizado, “intentando corromper” al Departamento de Justicia y presionando a funcionarios estatales, legisladores y a su propio vicepresidente para tratar de alterar los resultados.
Sin embargo, los legisladores dicen que falta conocer detalles clave de lo que dijo e hizo Trump durante el asedio al Capitolio. La única persona que puede llenar esos huecos es el mismo Trump, según la comisión.
El panel integrado por siete demócratas y dos republicanos aprobó la orden de comparecencia en una votación sorpresiva la semana pasada. El voto fue unánime.
Al día siguiente, Trump publicó un largo memorando en Truth Social, su red social, en el que reiteró sus denuncias falsas de fraude y expresó “ira, desilusión y queja” porque la comisión no investigaba sus propias denuncias. No mencionó la orden de comparecencia.
La citación busca testimonio sobre los tratos de Trump con varios excolaboradores y asociados que se han acogido a sus derechos constitucionales contra la autoincriminación ante el panel, entre ellos Roger Stone, Michael Flynn, John Eastman, Jeffrey Clark y Kelli Ward.
La comisión hizo 19 pedidos de documentos y comunicaciones, incluso pedidos específicos de cualquier mensaje enviado por Trump a través de la app de mensajes encriptados Signal “o cualquier otro medio” a congresistas y otros sobre los violentos acontecimientos del 6 de enero.
La magnitud del pedido es amplia —al solicitar documentos desde el 1 de septiembre de 2020, dos meses antes de la elección, hasta el presente sobre las comunicaciones de Trump con los Oath Keepers, Proud Boys y otros grupos extremistas—, a medida que el panel compila un registro del período antes del ataque al Capitolio y lo que siguió.
Hay pocas ventajas legales para que Trump coopere con la comisión, pues él ya enfrenta otras batallas civiles y penales en varias jurisdicciones, incluso una sobre el negocio de su familia en Nueva York y su manejo de documentos presidenciales en su propiedad en Mar-a-Lago, Florida.
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