El Tribunal Supremo británico comenzó a analizar el martes la legalidad del proyecto independentista en Escocia, cuyo gobierno regional pretende convocar un segundo referéndum de autodeterminación el próximo año pese a la oposición de Londres.
Cinco jueces, encabezados por el presidente del Tribunal Supremo Robert Reed, iniciaron dos días de vistas en Londres escuchando los argumentos de la Lord Advocate, Dorothy Bain, representante legal del ejecutivo autónomo de Escocia.
"La política del gobierno escocés defiende que se organice un referéndum legal", aseguró Bain.
El Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por Nicola Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta "¿Debe Escocia ser un país independiente?".
Escocia ya celebró un referéndum soberanista en 2014, en que el 55% votó a favor de permanecer en el Reino Unido.
Sin embargo, en aquella ocasión contaba con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, a diferencia de ahora, que choca con la oposición de la primera ministra Liz Truss.
Como su predecesor Boris Johnson, Truss defiende que este tipo de consultas solo se pueden permitir "una vez en una generación".
El titular británico para Escocia, Alister Jack, reiteró el martes ante el consejo de ministros que "la gente de Escocia quiere que sus gobiernos trabajen juntos en los temas que les afectan, en lugar de concentrarse en otro referéndum", según dijo a los periodistas un portavoz de Truss.
En 2014, el principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea.
Pero paradójicamente, dos años más tarde el referéndum sobre el Brexit --contra el que votó el 62% de escoceses-- acabó sacando a la región del bloque precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.
Argumentando que esto cambió completamente la situación, Sturgeon proyecta una nueva convocatoria para la que ya fijó fecha: el 19 de octubre de 2023.
Y ante la negativa de Londres, que domina el parlamento nacional de Westminster, quiere hacerlo bajo la cobertura de una legislación aprobada a tal efecto por la cámara regional escocesa.
Los jueces de la más alta jurisdicción del país deben determinar precisamente si Escocia tiene capacidad para legislar al respecto.
"Si Westminster tuviera algún respeto por la democracia escocesa, esta vista judicial no sería necesaria", lanzó Sturgeon el lunes en el congreso del SNP.
- "Derecho legítimo, soberano" -
El SNP ganó las legislativas de 2021 con la promesa de celebrar una consulta legal sobre la independencia una vez superada la pandemia de covid-19.
Los sondeos muestran a los escoceses casi divididos por igual a favor y en contra de separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la UE.
El gobierno regional afirma disponer de un marco legal que autoriza dicha votación.
"Ningún primer ministro, ningún gobierno en Londres puede frustrar el derecho legítimo, el derecho soberano, del pueblo de Escocia a opinar sobre su futuro", defendió el líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, en declaraciones a Times Radio.
Pero el ejecutivo británico defiende, como ya ocurrió en 2017 en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que concierne a todo el país.
Para evitar un conflicto mayor, los nacionalistas escoceses prometen organizar una votación puramente consultiva.
Sin embargo, muchos en Londres, incluido el diario conservador The Times, lo describen como un "truco legal" ya que si se impusiera el sí a la independencia, Westminster se encontraría bajo una gran presión para autorizarla.
Las vistas se prolongarán hasta el miércoles, pero el fallo tardará "algunos meses", precisó Reed el martes.
Y si la justicia no le da la razón, el SNP planea convertir las próximas legislativas regionales, previstas en 2024, en un plebisticio de facto, haciendo campaña sobre una única cuestión, repitiendo el esquema ideado por los independentistas catalanes en 2015 en España.
acc/mb
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