Fiscalía ordena resguardar evidencias de espionaje en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de México ordenó a las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener equipos de intervención de comunicaciones, resguardar toda la información de contrataciones del programa informático Pegasus y otros similares, mientras las autoridades revelaron el miércoles que los acuerdos de espionaje telefónico implicaron erogaciones por casi 300 millones de dólares durante seis años.

Esa medida tiene lugar tras el escándalo desatado por las divulgaciones de datos filtrados que revelan el uso de un malware de grado militar del NSO Group, una organización de hackers a sueldo en Israel, que se empleó para espiar miles a periodistas, activistas de derechos humanos y políticos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que tras una revisión de los contratos que suscribió el ex jefe de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General, Tomás Zerón, se realizó una serie de diligencias y cateos en las instalaciones de la empresa KBH TRACK, propiedad de un empresario israelita que huyó del país hace más de dos años, la cual fue utilizada por NSO Group, dueña del software Pegasus.

“La triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, precisó la Fiscalía General, y agregó que se está a la espera de que varios denunciantes afectados por el espionaje aporten sus teléfonos celulares para extraer, con la autorización de un juez, la información para la investigación.

Asimismo, la Fiscalía General dijo que está recopilando todas las informaciones difundidas en los últimos días por un grupo de medios, entre ellos algunos mexicanos, para incorporarlas a las investigaciones que viene avanzando sobre el caso.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto Castillo, afirmó el miércoles, desde el palacio presidencial, que la contratación de Pegasus se realizó en México a través de empresas fachadas durante los gobiernos de los ex presidentes Enrique Peña Nieto ( 2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012).

Nieto Castillo señaló que los pagos por los servicios de espionaje que realizaron dependencias federales y algunos gobiernos estatales, como los estados de México y Veracruz, alcanzaron 5.914 millones de pesos (unos 295,7 millones de dólares) entre los años 2012 y 2018.

El funcionario precisó que la contratación de Pegasus se realizó en México a través de empresas fachada, en particular Grupo Tech Bull y Balam Seguridad, y que los pagos de los contratos se dieron a través de cuentas de Estados Unidos, Italia y principalmente Israel con NSO Group.

De acuerdo a informaciones divulgadas por medios locales, que participaron en Pegasus Project que develó los datos del masivo espionaje, el gobierno de Peña Nieto desplegó un aparato de intervención telefónica contra gran parte del entorno de López Obrador — quien para el 2015 era aspirante presidencial opositor — que incluyó a su esposa, hijos, hermanos, más de una docena de operadores políticos más cercanos y hasta su cardiólogo Patricio Heriberto Ortiz Fernández, que lo operó tras el infarto agudo al corazón que sufrió en diciembre de 2013.

La administración de Peña Nieto también mandó a espiar a más 700 políticos mexicanos, decenas de defensores de derechos humanos, abogados, religiosos, médicos, líderes sindicales, y por lo menos 25 periodistas, entre ellos el comunicador Cecilio Pineda quien fue asesinado a tiros en marzo del 2017, indicaron los medios locales.