Dos empresarios que fueron propietarios de la acería italiana Ilva, la más grande de Europa, fueron condenados este lunes a más de 20 años de prisión por ser responsables de las emisiones tóxicas que causaron la muerte de cientos de personas en el sur de Italia.
Para la fiscalía de Tarento (Pullas, sur) al menos 400 personas murieron prematuramente por residir cerca a la planta de la acería debido a problemas cardiorrespiratorias y cáncer, enfermedades atribuidas a las emisiones tóxicas de los altos hornos de la siderúrgica.
Entre los condenados en primera instancia a 22 y 20 años de cárcel figuran los hermanos Fabio y Nicola Riva, acusados de desastre ambiental, de envenar la cadena alimenticia y de omisión voluntaria de medidas de precaución.
El ex gobernador de la región Pullas, Nichi Vendola, también fue condenado a tres años y medio de prisión por concusión agravada, al interferir para que fueran minimizados los informes sobre la contaminación.
Los condenados deberán presentar recurso ante la corte de apelación por lo que que la pena será suspendida en espera del veredicto final, lo que puede durar varios años.
La familia Riva reconoció que ahorró más de 1.300 millones de euros (1.585 millones de dólares) entre 2009 y 2013 al retrasar las obras para introducir normas para la protección del medio ambiente.
"Es un día importante, finalmente vemos que condenan a alguien por lo que ha hecho a nuestra gente y a toda una ciudad", reaccionó ante la prensa la madre de uno de los fallecidos.
Inicialmente de propiedad del Estado, la siderúrgica Ilva fue privatizada en 1995 y vendida al grupo familiar Riva, responsable de su reactivación tras la grave crisis de la industria del acero en los años 80.
En esa época aparecieron las primeras sospechas sobre el impacto en el medio ambiente y la salud que causaba el polo siderúrgico.
"Se veía el polvo tóxico flotar en el aire de los barrios aledaños, pero nunca imaginamos que el problema también era invisible, que había sustancias como la dioxina", explicó hace dos años a la AFP Cosimo Martinese, de 70 años, jubilado de Ilva.
En el juicio abierto hace cinco años se acusó al otrora pulmón industrial del sur de la península, que empleaba a más de 8.000 personas en la sede de Tarento, de ser el responsable del alto número de casos de cáncer, a menudo en niños.
En 2012, la justicia italiana, tras una extensa investigación, ordenó modernizar todas las instalaciones "calientes" (altos hornos, plantas del combustible sólido coque) con el fin de remediar los problemas relacionados con las emisiones de gases que generaba la fábrica.
A finales del 2016, la familia Riva firmó un preacuerdo con los administradores y la justicia italiana por 1.300 millones de euros con el fin de garantizar la limpieza y adecuar la fábrica.
A finales de 2018, la multinacional ArcelorMittal anunció la adquisición del grupo Ilva, pero en 2019 anunció su retiro ante la posibilidad de ser condenados penalmente por desastre medioambiental.
Tras un acuerdo alcanzado a finales de 2020, el Estado italiano se comprometió a adquirir en abril el 38% del capital de la filial de ArcelorMittal, AM InvestCo.
bur-kv/mb
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