El gobierno boliviano autorizó la realización de pruebas de bioseguridad para evaluar el uso de cinco cultivos genéticamente modificados para el consumo interno y su comercialización externa, una medida denunciada de inconstitucional por ambientalistas pero que el sector agroindustrial aplaudió.
La administración de la derechista Jeanine Áñez emitió un decreto supremo, por el que "de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya (soja, NdR), genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa".
La norma de un solo artículo fue aprobada el jueves y difundida este viernes por la Gaceta Oficial del Estado.
Varias organizaciones ambientalista rechazaron la medida y pidieron su abrogación en una nota dirigida a Áñez, según un comunicado difundido por la radio privada Erbol.
Según los grupos ambientalistas, la medida gubernamental "atenta" contra las 77 razas de maíz que posee el país y que son base de la seguridad alimentaria de los bolivianos.
También la denuncian como inconstitucional, recordando que la Constitución boliviana prohíbe al Estado firmar "tratados internacionales que permitan la importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados".
"Rechazamos rotundamente la autorización para el uso de semillas transgénicas de Soya HB4, Soya Intacta y otro tipo de semillas transgénicas de maíz, algodón y de otras especies en todo el territorio boliviano", señalaron.
Los agroindustriales privados, en cambio, alabaron la medida, según el diario El Deber de la región de Santa Cruz (este), donde se hallan los mayores campos agrícolas del país.
El decreto "es un acierto, la mejor noticia en el campo en los últimos 14 años", dijo Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
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