Milicias cocaleras operan en Bolivia y atacaron a policías que habían incautado un cargamento

Furiosos narcotraficantes armados asaltaron a un grupo policial para recuperar la droga que les habían arrebatado en Chapare y otra formación de cocaleros capturó a un fiscal que les impedía ocupar tierras ajenas de Santa Cruz donde ellos quieren cultivar la hoja.

La acción contra los policías se produjo a cuatro días de la operación en que fueron intervenidas y destruidas 34 factorías de cocaína en Villa Tunari, cerca de la residencia del ex presidente Evo Morales, aunque, curiosamente, no fue detenida ni una sola persona.

La captura del fiscal Ricardo Cayalo, a su vez, tuvo lugar en la provincia Guarayos de Santa Cruz, donde los “interculturales” de Morales avasallan tierras para convertirlas en cocales, incluyendo haciendas establecidas, como Santagro, donde los asaltantes están ahora cosechando, sin problemas, la soja sembrada por los propietarios en 1.800 hectáreas. Los ocupantes tienen la intención de destinar esas tierras al cultivo de coca.

Morales había anunciado desde Buenos Aires, en 2020, que se proponía crear las “milicias armadas” del Chapare y ahora ha optado por no hacer ningún comentario sobre las acciones violentas de sus seguidores, mientras el gobierno de Luis Arce calla y la justicia no interviene.

El grupo armado que recuperó la droga que había sido capturada por la policía actuó con el estilo de un comando guerrillero, dicen los oficiales. Un ataque sorpresa, captura de la carga buscada y fuga inmediata hacia el bosque. El sargento Sergio Miranda Tórrez recibió un balazo y fue llevado a un hospital de Santa Cruz.

Emma Lola, presidente del comité cívico femenino, que defiende al fiscal agredido por los avasalladores, dijo: “Esto ya es el colmo; Ascensión de Guarayos parece un pueblo sin Dios y sin ley” y Fernando Paz, de la Federación de ganaderos, opinó: “Hoy es la Fiscalía, mañana será la Alcaldía y pasado quién sabe qué otra institución”.

En el departamento de Santa Cruz hay mucho temor desde que el gobierno ordenó a los jueces detener al gobernador Fernando Camacho, que fue llevado por la fuerza a una cárcel del altiplano, donde su salud se deteriora todos los días. Ahora, los jueces acaban de decidir que debe permanecer seis meses más en detención preventiva, aunque no haya una sola sentencia en su contra.

Jeanine Áñez, a quien el parlamento dominado por el MAS puso en el cargo de presidente cuando había huido Morales, en noviembre de 2019, lleva 800 días detenida, también sin sentencia alguna, y acaba de decir que los verdaderos asesinos de Bolivia están libres y gobernando.

El senador opositor Rodrigo Paz dijo esta semana que el ministro de gobierno es bueno para detener a los gobernadores elegidos democráticamente, pero muy malo para capturar a los narcotraficantes, que siempre escapan a tiempo de todas las redadas que hace la policía.

Los policías que fueron agredidos por los narcos informaron que las factorías que encontraron tienen todas las comodidades, sistemas de comunicación satelital, decenas de lavadoras, de microondas que usan la energía de diez equipos de generación cada una de ellas, a pesar de estar en medio de la selva.

El hecho de que no hubiera sido detenida ni una sola persona en la toma de las 34 factorías intervenidas ha provocado que el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, de la gestión de Morales, asegure que el gobierno de Luis Arce está controlado por la droga: “Estamos inundados de cocaína”.

Y el diputado Héctor Arce, del ala de Evo Morales, sostuvo: “Esto es una clara muestra de que el órgano ejecutivo estableció un lineamiento desde el nivel más alto para encubrir, proteger y dar impunidad a hechos de corrupción y al narcotráfico (…) Yo me ratifico: la corrupción y el narcotráfico van a ser la tumba de este gobierno si no pone mano firme para luchar y erradicar estos flagelos que dañan a nuestra sociedad”.

La organización de militares jubilados mantiene una postura crítica sobre la situación actual y ha denunciado que el actual comandante del ejército, general Juan Carlos Zúñiga, estaría involucrado en operaciones de contrabando de combustibles que Bolivia importa pero que son llevados de contrabando a países vecinos.

Mientras tanto, las exportaciones de gas en el primer trimestre del año sumaron 575 millones de dólares, pero las importaciones de combustibles costaron en ese mismo lapso 711 millones y las inversiones petroleras se han frenado.

Las empresas petroleras que operan los campos de producción de gas en rápido proceso de agotamiento siguen esperando que la empresa estatal les pague 150 millones que les debe y acaban de rechazar la propuesta del gobierno de pagarles en moneda nacional, devaluada por el surgimiento de un mercado negro para el dólar. Si aceptaran esa propuesta, las petroleras perderían 25% de lo que deben recibir, porque el dólar paralelo está en 8,10 y la cotización oficial en 6,96.

La pelea de Arce y Morales para saber quién de ellos será el candidato del partido MAS en las elecciones de 2025 es mirada con indiferencia por los ciudadanos, ahora preocupados por la falta de dólares y la inflación que ha comenzado a mostrarse.

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