
El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió la liberación de exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, detenidos hace 24 años. La demanda cobró fuerza en un ambiente marcado por protestas, reclamos salariales y confrontaciones con las fuerzas de seguridad.
Primero Justicia difundió su pedido a través de su cuenta oficial en la red social X, donde el partido subrayó que los policías metropolitanos fueron sometidos a “un juicio parcializado, injusto y viciado”.
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El partido sostuvo que, tras los sucesos del 11 de abril de 2002, los exfuncionarios recibieron penas máximas por su presunta participación en los hechos, relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez.

El reclamo de liberación de los exfuncionarios de la Policía Metropolitana ocurre en un contexto de presión social y movilización ciudadana, con miles de personas marchando hacia la sede del Ejecutivo en Caracas, mientras el salario mínimo en Venezuela permanece congelado en 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de 30 centavos de dólar, y la inflación interanual supera el 600%.
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La respuesta de los cuerpos de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos y detenciones para dispersar a los manifestantes.

El caso de los policías metropolitanos ha sido acompañado por declaraciones de organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, manifestó en X que los exfuncionarios fueron “arbitrariamente condenados por delitos que no cometieron” y denunció que a los detenidos se les ha negado reiteradamente cualquier posibilidad de libertad. Himiob señaló: “Se cumplen 24 años de los sucesos del 11 de abril de 2002 y mis pensamientos están con los policías metropolitanos que fueron arbitrariamente condenados por delitos que no cometieron”.
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En marzo pasado, la abogada Theresly Malavé, representante de la ONG Justicia y Proceso, informó que la Corte de Apelaciones del estado Aragua negó la solicitud de amnistía para tres de los exfuncionarios encarcelados desde 2003.
Los policías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina permanecen privados de libertad, condenados a la pena máxima de 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad, bajo la acusación de haber disparado contra civiles en el marco de los sucesos de abril de 2002.
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En diálogo con Infobae, la dirigente opositora María Corina Machado vinculó la reciente movilización con un proceso social irreversible.
“Lo que vimos en las calles de Venezuela es una expresión que ya nadie puede detener”, señalando que el movimiento en defensa de la dignidad, la justicia y la libertad se ha consolidado desde las bases de la sociedad.
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La líder opositora consideró que la represión oficial “acelera un proceso de transición que es indetenible” y sostuvo que “el mundo tiene que entender y asumir que los venezolanos no nos vamos a conformar con nada distinto a full democracia, justicia y libertad”.
(Con información de EFE)
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