Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

Dos de las diez mujeres familiares de presos políticos venezolanos que permanecen en huelga de hambre desde el sábado frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas, han presentado complicaciones graves de salud después de más de 24 horas sin ingerir alimentos.

El grupo, que exige la excarcelación de sus allegados, ya muestra signos de deterioro físico y una de las manifestantes se ha desmayado en dos ocasiones, mientras otra reporta cefaleas y alteraciones en la presión arterial.

La huelga comenzó la mañana del sábado y, según relataron testigos y organizaciones, la situación sanitaria de las participantes se agrava con el paso de las horas.

Petra Vera, paciente oncológica en remisión y familiar de un preso, explicó que las manifestantes “están dispuestas a continuar” a pesar del riesgo de crisis médicas por la prolongada abstinencia de alimentos.

“Una de las chicas se ha descompensado”, advirtió Vera y subrayó la preocupación de los familiares por las condiciones de debilidad y el entorno de la protesta.

La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) confirmó que la huelga cumple ya más de 30 horas y que los problemas de salud empiezan a multiplicarse entre las participantes.

Carolina Carriso, una de las familiares, experimentó náuseas, vómitos, mareos, temblores y episodios de desvanecimiento, según reportó la ONG.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a las manifestantes recostadas sobre colchonetas, rodeadas por agentes y escudos antimotines. Un cartel en el lugar resume la consigna: “Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad”.

CLIPPVE recordó que en la Zona 7 de la PNB estaban recluidas más de 50 personas por razones políticas. La madrugada del sábado, 17 detenidos fueron excarcelados, entre ellos dirigentes sindicales y jóvenes con trastorno del espectro autista, pero los familiares insisten en la liberación total de quienes aún permanecen en el recinto.

Durante la protesta, los familiares denunciaron obstáculos para el ingreso de insumos médicos. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que una funcionaria policial impidió el acceso de sueros para los presos en huelga dentro de Zona 7.

Dos jóvenes debieron ingresar personalmente para asegurar la entrega de estos suministros.

“Impedir el acceso a insumos médicos esenciales es una vulneración directa a derechos fundamentales”, advirtió la organización.

Las denuncias también alcanzan el interior del centro de detención. De acuerdo con información extraoficial obtenida por los familiares, los presos políticos que iniciaron huelga de hambre el viernes estarían siendo obligados a comer bajo amenaza de traslado a celdas de castigo. En los testimonios recogidos fuera del comando policial, los allegados responsabilizan al régimen de Delcy Rodríguez de la vida y la integridad física y psicológica de las familias y los detenidos.

“Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7. No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A TODOS”, denunció la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

El pasado 6 de febrero, Jorge Rodríguez, titular del Parlamento chavista, aseguró que todos los presos serían liberados una vez aprobada la ley de amnistía, todavía en debate legislativo.

La votación definitiva fue aplazada para la próxima semana. El sábado, Rodríguez informó sobre 17 excarcelaciones en Zona 7, aunque los familiares afirman que la medida es insuficiente y exigen la excarcelación total y sin condiciones de los presos restantes.

En paralelo, decenas de familias llevan 38 días acampando frente al centro de detención conocido como El Helicoide, reclamando su cierre y la liberación de reclusos.

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció recientemente la intención de reconvertir El Helicoide en un espacio cultural y deportivo, junto con la aprobación de la ley de amnistía. El recinto es señalado por organizaciones de derechos humanos y la oposición como un centro de tortura para disidentes.