Hace más de treinta años, la detención y enjuiciamiento de Manuel Noriega —entonces dictador de Panamá— por parte de Estados Unidos sentó un precedente legal que, según expertos, podría servir de marco para el desafío judicial que enfrentará próximamente Nicolás Maduro. Tanto los fiscales como la defensa y los jueces que participen en el proceso contra el presidente venezolano encontrarán en el caso Noriega una referencia obligada debido a las similitudes en la naturaleza y el contexto de los cargos, así como en la respuesta legal de ambos implicados, según CNN.
La experiencia de Noriega dejó una marca indeleble en los tribunales estadounidenses. Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor en la Georgetown University Law Center, indica que Maduro “probablemente presentará una serie de objeciones significativas a la acusación, similares a las que intentó Noriega”.
Vladeck prevé que el futuro proceso incluirá “argumentos constitucionales y de derecho internacional novedosos”, capaces de atraer a algunos de los abogados defensores más reconocidos del ámbito penal. Elie Honig, también analista legal senior de CNN, consideró el caso como algo para lo que existe muy poco precedente.
En 1991, Noriega fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión. Tras el fallo, en 1992, un juez federal lo reconoció como prisionero de guerra, otorgándole ciertos derechos durante su reclusión —aunque los magistrados tienen facultades limitadas para decidir sobre la ubicación o condiciones específicas de encarcelamiento.
Clark Neily, miembro del think-tank Cato Institute, recordó que los tribunales estadounidenses “rechazaron considerar la legalidad de la invasión” que llevó a la captura de Noriega. Para Neily, el elemento decisivo fue la posición de las cortes federales, que establecieron: “El modo en que un acusado es llevado ante un tribunal estadounidense —incluso mediante el uso de la fuerza o desde el extranjero— no invalida la jurisdicción penal”.
Este análisis resulta crucial si la defensa de Maduro alega que su posible traslado a territorio estadounidense fue ilegal: existe jurisprudencia que permite el procesamiento de personas en Estados Unidos, aunque hayan sido llevadas allí de modo ilícito. Si los fiscales necesitan profundizar en los fundamentos de la detención, podrían citar un memorando de 1989 del entonces jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, William Barr. Ese documento sostenía que el presidente tiene “autoridad constitucional inherente” para ordenar a la FBI la detención de personas en el extranjero, aun cuando ello signifique vulnerar el derecho internacional. Barr, quien luego ocupó el cargo de fiscal general tanto con Bush padre como con Trump, redactó un memo que permanece como uno de los más controvertidos entre los expertos jurídicos estadounidenses.
Los abogados de Noriega, nada más iniciarse el proceso, alegaron que el Departamento de Justicia, bajo las órdenes de George H. W. Bush, violó las leyes internacionales y las garantías del debido proceso al invadir Panamá y arrestar a su presidente. La defensa sostuvo además que Noriega poseía inmunidad en calidad de jefe de Estado extranjero.
Como advierte Vladeck en CNN, “los argumentos más difíciles para los fiscales serán los de inmunidad que plantee Maduro, ya sea porque fue ‘jefe de Estado’ de Venezuela o porque, aunque no lo fuera, los delitos que se le imputan surgen de actos oficiales realizados bajo autoridad gubernamental”.
En el caso Noriega, las cortes estadounidenses respaldaron la posición del Ejecutivo de negar la inmunidad a Noriega debido a “la naturaleza claramente ilegal de los hechos imputados”. No obstante, Noriega no era considerado jefe legítimo de Panamá por el Departamento de Estado, elemento que introduce una diferencia notable respecto a Maduro.
De momento, queda abierto el interrogante sobre si los tribunales estadounidenses reinterpretarán el precedente establecido debido a la condición que ostenta Maduro como presidente, máxime cuando la acusación del Departamento de Justicia, revelada el sábado, lo califica como “gobernante de facto pero ilegítimo” de Venezuela. Vladeck advierte que “el procesamiento no será una victoria asegurada”, especialmente en lo referente a las imputaciones personales dirigidas contra Maduro.
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