La ONG Foro Penal informó este lunes que ha logrado verificar 61 de las 99 excarcelaciones anunciadas por la dictadura venezolana de personas detenidas durante la crisis que siguió a las elecciones presidenciales de 2024, cuyo resultado fue denunciado por el principal bloque opositor y ratificado por el chavismo de manera fraudulenta a favor de Nicolás Maduro.
Según detalló la organización en sus redes sociales, 60 de las liberaciones comprobadas se produjeron el pasado 25 de diciembre y una más el día 27. Del total verificado, 60 corresponden a ciudadanos venezolanos y uno a una persona con doble nacionalidad venezolana y chilena, de acuerdo con el listado difundido por Foro Penal.
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La ONG, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en el país, consideró “oportuno” que las autoridades publiquen un registro oficial con los nombres de todas las personas excarceladas, como mecanismo mínimo de transparencia y verificación independiente de los anuncios gubernamentales.
Más temprano, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la libertad de los presos políticos en Venezuela parece depender de un “azar incomprensible” y no de la aplicación de criterios jurídicos claros y verificables.
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En un comunicado, JEP sostuvo que el país cierra el año con un proceso de excarcelaciones “caracterizado por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta”, una práctica que, según la ONG, se ha repetido en episodios anteriores de liberaciones parciales.
La coordinadora general de JEP, Martha Tineo, explicó a EFE que en el pasado se anunciaron excarcelaciones que incluyeron a personas detenidas por causas no políticas, lo que dificulta la verificación real de las cifras. “Solo indicar números y no publicar el registro de los excarcelados es una forma de evitar la comprobación de esa información”, afirmó, al tiempo que cuestionó los criterios utilizados para decidir quién sale en libertad y quién permanece detenido.
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El contexto inmediato de estas liberaciones se remonta a las protestas y disturbios registrados tras las presidenciales de 2024. En ese período, más de 2.400 personas fueron detenidas, en su mayoría durante manifestaciones o en operativos posteriores, según datos de organizaciones de derechos humanos.
La Fiscalía venezolana acusó a los arrestados de delitos como “terrorismo” y “vandalismo”, mientras que ONG y partidos opositores sostienen que una parte significativa de esas detenciones careció de sustento probatorio y respondió a motivos políticos vinculados a la protesta social.
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De acuerdo con el último balance de Foro Penal, hasta el 15 de diciembre se contabilizaban 902 presos políticos en Venezuela, entre ellos 86 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad, una cifra que las organizaciones consideran dinámica debido a nuevas detenciones y liberaciones parciales.
El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, mantiene una versión diametralmente opuesta. El chavismo insiste en que en Venezuela no existen presos políticos y que las personas privadas de libertad lo están por la “comisión de terribles hechos punibles”, una afirmación que rechazan de forma sistemática las ONG nacionales e internacionales.
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La discrepancia entre los anuncios oficiales y las verificaciones independientes vuelve a poner en el centro del debate la falta de mecanismos transparentes y auditables en materia judicial y penitenciaria. Para las organizaciones de derechos humanos, sin un listado público y criterios claros, cada excarcelación queda envuelta en incertidumbre y refuerza la percepción de discrecionalidad que rodea al sistema penal venezolano.
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