
Organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores de Venezuela señalaron este lunes una serie de “traslados arbitrarios” y “sin previo aviso” de presos políticos a distintas cárceles del país.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló que recibió “reportes reiterados” de familiares de presos políticos, quienes se enteraron de los traslados “al acudir a los centros de reclusión para entregar alimentos e insumos básicos”, sin notificación previa.
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“Este patrón persistente de traslados intercarcelarios arbitrarios, ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias ni a los abogados de confianza, constituye una grave violación a los estándares nacionales e internacionales”, afirmó JEP.
La organización instó a las autoridades a proporcionar información “oportuna, veraz y completa” sobre la ubicación de las personas trasladadas y a “garantizar” que todo traslado cuente con “autorización judicial, justificación legal y notificación inmediata a familiares y representantes legales”.
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la opositora y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, también reportó “nuevos traslados arbitrarios” de presos políticos en Caracas. El Comité expresó: “Familiares y abogados no fueron informados de esta situación. Basta de injusticias”.
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Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa venezolano informó en X que familiares del periodista Rory Branker -detenido el 20 de febrero- denunciaron su traslado a un “destino desconocido sin aviso previo” y solicitaron información oficial sobre su paradero.
El partido opositor Voluntad Popular reportó, más temprano, el traslado del activista político Aldo Rosso -detenido hace 16 meses- desde la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, a 176 kilómetros de la capital.
El pasado sábado, la ONG Foro Penal denunció la muerte bajo custodia estatal del ex gobernador opositor de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y “aislado”, según precisó el director de la organización, Alfredo Romero.
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El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que Díaz, considerado preso político por la oposición, murió tras sufrir un infarto.
María Corina Machado y el también opositor Edmundo González Urrutia señalaron que la muerte del ex gobernador revela un “patrón sostenido de represión estatal” y denunciaron que ya suman siete los presos políticos fallecidos en prisión luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Foro Penal registró 887 presos políticos en Venezuela hasta el 1 de diciembre, de los cuales 85 son extranjeros.
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