El régimen de Venezuela admitió este domingo la muerte del dirigente opositor Alfredo Javier Díaz, de 56 años, quien permanecía encarcelado desde noviembre de 2024 tras ser acusado de “terrorismo” e “instigación al odio”, en el contexto de la crisis poselectoral originada por las controvertidas elecciones de julio de 2024 que dieron un tercer mandato a Nicolás Maduro en forma fraudulenta. La muerte de Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, fue denunciada por la oposición venezolana que responsabilizó a la dictadura chavista por el hecho
El Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que Díaz falleció el sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, después de presentar síntomas compatibles con un infarto de miocardio. Según el comunicado oficial, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde no pudo ser estabilizado y murió minutos después. La institución aseguró que Díaz “estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”.
La familia del político sostiene otra versión. Daliannys Díaz, hija del ex gobernador, explicó en un video publicado en TikTok que su padre tenía problemas de salud previos a su detención y que las autoridades hicieron caso omiso a la necesidad de un tratamiento. Denunció que durante el año que pasó en prisión sufrió desmayos, falta de oxígeno, dolores en el pecho y convulsiones.
El deceso del dirigente opositor desató una oleada de condenas internacionales que incluyeron el reproche de Washington, que calificó de “vil” al régimen de Maduro y lo y responsabilizó directamente por el hecho, en medio de una fuerte tensión entre Venezuela y Estados Unidos. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos consideró que el caso de Díaz es “otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, en declaraciones difundidas en la red social X, y atribuyó la responsabilidad de la muerte a la administración venezolana, señalando además la detención arbitraria del político en El Helicoide, principal centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y calificado por la oposición como “centro de tortura”. El fallecimiento se produce mientras una flotilla estadounidense, que incluye al mayor portaviones del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe, movimiento que el gobierno venezolano interpreta como una amenaza para propiciar un cambio de gobierno.
Según la oposición, con Díaz ya son siete los presos políticos que han muerto bajo custodia estatal desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. María Corina Machado, dirigente opositora en la clandestinidad y reciente Premio Nobel de la Paz, y Edmundo González Urrutia, exiliado, denunciaron en un comunicado conjunto un “patrón sostenido de represión estatal” que incluye negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento, torturas y tratos degradantes. Apuntaron que el sistema penitenciario es utilizado “para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”.
El fallecido exigía la publicación de resultados desglosados de los comicios presidenciales y denunció fallas eléctricas en Nueva Esparta atribuidas por el gobierno a presuntos ataques de la oposición. Díaz fue arrestado en noviembre de 2024, días antes de la investidura presidencial de Maduro, en una escalada represiva que pretendía desalentar a la disidencia.
La organización no gubernamental Foro Penal informó que Díaz solo pudo recibir una visita de su hija durante su detención, y que su proceso judicial estaba paralizado, con la imposición de defensores públicos en lugar de representantes legales designados por la familia. El vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, subrayó a la agencia AFP que conforme a los procedimientos internacionales, la muerte de Díaz “debe ser investigada de manera objetiva e imparcial”.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, puntualizó que desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo custodia del Estado y que la represión se ha transformado en un mecanismo sistemático de intimidación. Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela permanecen al menos 887 presos políticos.
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