Liberaron a contrabandistas que transportaban drones desde China: sus vínculos con Diosdado Cabello

En un operativo el 12 de noviembre de 2025, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a ocho personas que portaban radios, drones y una computadora de alta potencia, además de un arma de fuego. Los detenidos, que ingresaron al país desde Colombia por pasos irregulares, afirmaron trabajar para la alianza minera “La Castañuela”, propiedad de Carlos Fernández, empresario vinculado a los hermanos Diosdado y José David Cabello Rondón, figuras políticas de alto nivel en Venezuela.

A pesar de portar materiales estratégicos y armamento, los detenidos fueron liberados tras la intervención de altos funcionarios, en un proceso que evidencia la influencia política sobre los procedimientos de seguridad. Un oficial de la GNB le confirmó a Infobae que, aunque normalmente se incautan drones y equipos tecnológicos, en este caso la orden de liberación provino “de arriba”, mostrando la capacidad de las redes de poder para torcer la actuación institucional.

“Tocar a Carlos Fernández es meterse con los intereses directos de los hermanos Cabello Rondón, uno ministro del Interior y Justicia, y el otro, jefe del SENIAT, organismo encargado de los tributos y los servicios aduaneros. Fernández tiene control de parte importante del manejo del oro en el estado Bolívar, tiene fincas en Maturín y en El Manteco”, revela una fuente a Infobae.

El reporte oficial señala que entre los ocho detenidos se encontraban dos funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y un capitán de la GNB. La liberación se justificó por su pertenencia al círculo de confianza del Subdirector del SEBIN.

Carlos Fernández, señalado como uno de los principales controladores del oro en el estado Bolívar, mantiene propiedades en Maturín y El Manteco. Según un minero de la zona, en conversación con Infobae, la “alianza minera” funciona como fachada legal para operaciones mineras avaladas por el régimen venezolano, donde se paga un porcentaje y el oro se vende al Estado.

“La alianza minera es la fachada que utiliza el régimen, con la excusa que es una ‘alianza con el gobierno’ y se monta una planta de mineración y tienes que darle un porcentaje al Gobierno y venderles el oro a ellos”, le dice a Infobae un minero de la zona.

“La alianza se hacía con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), pero después se empezó con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), a quien se le paga el porcentaje; CVM da los permisos para que se traiga cianuro, cal, es decir los insumos”, explicó el minero.

Desmoralizando a los funcionarios

Por otra parte, un oficial de la GNB, en conversación con Infobae, manifestó la transparencia del procedimiento que llevó a la inicial detención de los contrabandistas de esos materiales considerados estratégicos. Dejar en libertad a los contrabandistas, porque tienen relación con el alto poder, “desmoraliza a los funcionarios que ejecutaron el procedimiento”, revela un militar.

“La orden que se ha dado es que los drones y computadoras de alta gama deben ser incautados, así tengan procedencia legal y estén autorizados. Pero en este caso, basta la llamada ‘de arriba’, para que se ordene la libertad de esos individuos, mientras que en otros casos se ha detenido y judicializado a una persona por tener un dron de juguete”.

El reporte oficial indicó que “son ocho los detenidos, entre ellos dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y un capitán adscrito a la Escuela Técnica de la GNB, quienes se encontraba de permiso al momento del procedimiento”.

A los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que hicieron la detención les dijeron que la razón para dejar en libertad a quienes habían sido detenidos en el puesto de Agua Viva es porque son parte del grupo de confianza del Subdirector del SEBIN, Mayor General Federico Guillermo Guzman Bornia.

Revelador informe

Un informe policial, al que Infobae tuvo acceso de manera exclusiva, revela quienes son siete de los detenidos: Carlos José Villarroel Belisario, Daniel José Silva Salavarria, Franklin Manuel Guevara Gómez, Juan Carlos Hidalgo Vielma, Kelvin José Fermín Báez, Yackson Colomé Cruz y Johan Yovany González Latchmin. Ellos se trasladaban en tres vehiculares tipo camionetas particulares: una Hilux y otra Prado de marca Toyota, y una Mitsubishi, sin placas visibles.

Cuando los funcionarios le preguntaron de dónde venían y hacia dónde iban, respondieron que venían de regreso de China, donde estuvieron desde el 24 de octubre hasta el 11 de noviembre, para asistir a la feria Textil y Maquinaria Pesada Cantón.

Franklin Manuel Guevara Gómez y Johan Yovany González Latchmin se identificaron como adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). González portaba un arma de fuego personal marca Glock 19, serial N° FMQ412.

Al comunicarse con el jefe del SEBIN Valera, comisario Jefe Ramiro Parra, para constatar la información, el funcionario dijo que Guevara y González se encuentran acreditados ad honorem por el Sebin.

Los individuos, que no sellaron pasaportes de salida ni de entrada en la oficina de migración de Venezuela, argumentaron que habían viajado vía terrestre desde Caracas hasta la fronteriza ciudad de San Antonio del Táchira, pasaron a territorio colombiano y desde ese país tomaron el vuelo hacia la República Popular de China.

Uno de los funcionarios que interrogó a los detenidos razonó: “Pero eso es absurdo. ¿Por qué hacer ese viaje por tierra hasta la frontera si podían haber tomado el vuelo desde Maiquetía?”. La respuesta que dieron fue: “El viaje por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, es directo y por eso agotador, mientras que por la aerolínea colombiana se hace escala en Europa”.

Revelaron que no es la primera vez que van a China y que lo habían hecho antes, el 13 de abril de 2025, permaneciendo en otra feria Canton hasta el 6 de mayo 2025.

El reporte que se le dio a la prensa no identifica a los detenidos ni menciona su liberación tras la intervención del jefe del SEBIN. Solo informa que tenían cuatro drones, dieciocho radios portátiles y un CPU chino.

El detalle de lo incautado es más específico: 18 radios Marca Huyton, tres Drones Marca DJI RC PRO, tres baterías para Drones, un Dron de realidad Virtual Marca DJI y una potente Computadora Gamers con todos sus accesorios.

El ingreso de los drones, radios de comunicación y CPU de alta gama, tuvo una trayectoria hasta el territorio venezolano, procedente de Colombia a través de pasos irregulares (trochas). El destino final del cargamento sería el estado Bolívar.

Sobre el material estratégico que ingresaron de contrabando, asegurando que lo hicieron por los pasos ilegales (trochas), los adquirieron en China como regalos “de personalidades directores de la Alianza Minera La Castañuela” y que los radios portátiles son para el uso de las comunicaciones en dicha Alianza.

Fachada y corrupción

El caso ocurrido con los detenidos y luego liberados en Trujillo, ilustra cómo la minería ilegal y el tráfico de materiales estratégicos están protegidos por redes de poder político y militar en Venezuela. La intervención de altos funcionarios revela la falta de independencia institucional y la impunidad para grupos vinculados al gobierno.

Las “alianzas mineras” operan como mecanismos legales para encubrir actividades ilícitas y beneficiar a grupos cercanos al poder. La participación de funcionarios de inteligencia y militares en estos hechos evidencia la penetración de la corrupción en organismos de seguridad.

La minería en el estado Bolívar trae consigo devastación ambiental, desplazamiento de comunidades indígenas y consolidación de sistemas de violencia y corrupción.

Organizaciones como Transparencia Venezuela señalan que la explotación de oro en Venezuela ha dejado miles de millones de dólares en manos de la élite política y sus aliados, mientras la devastación ambiental y la violación de derechos humanos continúan en las zonas mineras.