El Laboratorio de Paz catalogó de inconstitucional el reclutamiento forzoso de la campaña para defender a Nicolás Maduro

Diversos testimonios señalan que la campaña “Yo me alisto”, impulsada por el régimen venezolano, como respuesta a la operación contra carteles del narcotráfico en el Caribe, “ha derivado en prácticas de alistamiento forzoso de personas, incluyendo empleados públicos y adolescentes, así como en la obligación impuesta de realizar videos en apoyo a la iniciativa”, dice el centro de investigación y pensamiento estratégico venezolano Laboratorio de Paz.

Testimonios relatados a Infobae del reclutamiento forzoso en varias regiones del interior del país no se concretan a la zona minera del estado Bolívar. También en poblaciones de los estados Falcón y Portuguesa reclutaron a jóvenes de los pueblos.

“El viernes 29 de agosto, al arrancar una campaña para alistar a los trabajadores de las instituciones públicas, nos obligaron a ir a una jornada en la plaza Bolívar de Maracay, a un acto con la gobernadora Joana Sánchez, obligando a todos a inscribirse en la milicia. Es de enfermos saber que vienen por ti, y pensar que no te vas a ir solo y quieres arrastrar a unos cuantos contigo, no importa si ese arrastre sea que pierdan la vida en una confrontación armada”, le dice a Infobae un empleado de la gobernación de Aragua.

Por su parte, el Laboratorio de Paz dice que las acciones de reclutamiento desplegado por el régimen “constituyen violaciones graves de los derechos humanos, contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado”.

“Laboratorio de Paz expresa su profunda preocupación frente a las recientes denuncias relacionadas con la campaña oficial ‘Yo me alisto’, impulsada por el gobierno venezolano, en la cual se estaría obligando a las personas –incluyendo adolescentes- a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana y grabar videos en apoyo a esta iniciativa”.

Es inconstitucional

El centro de investigación y pensamiento estratégico Laboratorio de Paz (LabPaz) se dedica a analizar, divulgar y generar recomendaciones que contribuyan a la resolución de conflictos a través del abordaje interdisciplinario democracia, no violencia y derechos humanos, por lo que considera que el alistamiento forzoso y la obligación de participar en actividades militares es “inconstitucional y vulnera el derecho a la objeción de conciencia”.

Destaca LabPaz que desde el 23 y 24 de agosto de 2025 “las autoridades venezolanas convocaron a ‘Gran Jornada Nacional de Alistamiento’ en plazas Bolívar y unidades militares del país, con el objetivo de activar más de 4,5 millones de milicianos”.

A su juicio, la campaña gubernamental “Yo me alisto” busca movilizar a amplias capas de la población “como milicianos activos en un contexto de tensión política internacional, y como parte del modelo de defensa integral civil-militar sostenido por el régimen bolivariano”.

Recuerdan que el 1 de septiembre de 2025 Nicolás Maduro informó que “8 millones 200 mil venezolanos se habían inscrito en el alistamiento militar”.

Citan la vigente Constitución de la República de 1999, en la cual se establece “de manera clara, en su artículo 134, que ‘nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso’. El mismo texto fundamental reconoce, en su artículo 61, la libertad de conciencia como derecho humano fundamental”.

Para LabPaz, el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar “ha sido reconocido como parte inherente de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrada en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela”.

Insisten en destacar que “el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que toda persona tiene derecho a ser eximida del servicio militar obligatorio si este contradice sus convicciones religiosas, éticas o políticas”.

La necesaria denuncia

El Laboratorio de Paz asevera que la actual normativa venezolana “al no reconocer esta garantía, coloca a los jóvenes y trabajadores en la disyuntiva de violentar su conciencia o exponerse a sanciones legales, administrativas y sociales”.

Agrega que “coaccionar a empleados públicos para que participen en actos de alistamiento o graben videos de propaganda viola su derecho a la libertad de conciencia, de asociación y de expresión, reforzando el clima de intimidación laboral que impera en el sector público”.

Así mismo destaca que LabPaz documenta violaciones a la objeción de conciencia, por lo que exhortan “a las personas que sean víctimas de alistamiento forzoso, o de coacción para participar en actividades militares, transmitan sus denuncias, de manera privada, al correo electrónico: labpazve@gmail.com. Laboratorio de Paz procesará las denuncias resguardando la identidad de las víctimas”.

Manifestaron que ante la situación del reclutamiento forzoso “se debe detener de inmediato las prácticas de alistamiento forzoso de personas y la coacción sobre trabajadores del sector público”.

También “garantizar que ningún derecho fundamental, sea educación, trabajo, identidad o movilidad, quede condicionado a la participación en la campaña ‘Yo me alisto’. Cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el sistema interamericano”, finalizan diciendo.