Nicolás Maduro desplegó una millonaria campaña ante el aumento de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura

El régimen venezolano ha desplegado la quizá más intensa y costosa campaña de propaganda de los últimos tiempos en defensa de Nicolás Maduro. Se destinaron millonarios recursos con afiches, mensajes, concentraciones, material pop, incluyendo camisetas contra la fiscal de los EEUU y con instrucciones para que la Fuerza Armada y los empleados públicos se hagan partícipes del despliegue publicitario. A su vez, se presenta ante los medios junto a los ministros Padrino y Cabello.

Maduro busca aceleradamente desactivar los efectos del anuncio que hizo la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, aumentando la recompensa a 50 millones de dólares que lleve a la captura del ilegal e ilegítimo mandatario venezolano. En su plan propagandístico, Maduro muestra que está respaldado por quienes tienen armas y hombres de uniforme militar y policial: el ministro de la Defensa y el de Interior y Justicia.

En las redes sociales, en los medios de propaganda y en las estructuras del partido oficialista, se han distribuido cientos de mensajes para ser ubicados en millones de cuentas de los laboratorios que alimentan las campañas mediáticas, pero también para que cada dirigente del chavismo se ocupe de visibilizarlo en sus cuentas de WhatsApp, X, Instagram, TikTok, Facebook, entre otros.

Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el ministro de la Defensa se ha encargado de vender el discurso de que la decisión de la Fiscalía de los Estados Unidos aumentando la recompensa por Nicolás Maduro, fue una respuesta a que horas antes Diosdado Cabello anunció otra de las operaciones conspirativas, esta vez con el ingrediente de la incautación de material explosivo en dos galpones de Maturín, estado Monagas.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, se ocupa activamente de ser el difusor de los videos que les ordenó a los jefes militares de las diversas unidades que grabaran, la mayoría con el mismo guión escrito.

La vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez Gómez se ha ocupado de introducir el tema del Esequibo, como factor de distracción, anunciando que entregaron un nuevo documento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseverando que no reconocen el proceso judicial llevando en esa instancia y que no acatarán la sentencia sobre el territorio en reclamación.

Paralelamente, los cuerpos policiales siguen deteniendo a dirigentes políticos y sociales para enviar mensajes a los grupos organizados y evitar las protestas públicas.

Han prohibido las visitas a Josnars Baduel, preso en El Rodeo I, también al periodista Carlos Julio Rojas, preso en El Helicoide, desde que fue detenido hace un año y cuatro meses. Ni visitas ni entrega de paquetería.

Más detenidos

Entre las personas detenidas en los últimos días está el ex comisario de la Dirección de los Servicios Inteligencia y Prevención (DISIP), Omar Vázquez Lagonel, vicepresidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajup) y miembro del Comité Nacional Promotor en Defensa de la Constitución y contra la Reforma.

Voceros de trabajadores y jubilados confirmaron, el 8 de agosto de 2025, al portal PuntoDeCorte la desaparición forzada de Vázquez Lagonel, quien integra el comité que enfrenta la reforma constitucional propuesta por Nicolás Maduro en enero de 2025.

Vázquez Lagonel ya había sido detenido en el 2017 y ahora “su desaparición ocurre en un contexto de represión tras las elecciones de julio de 2024, donde el régimen desconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia”, destaca PuntoDeCorte.

Asimismo, fue detenida la activista de derechos humanos y miembro del colectivo Surgentes, Martha Lía Grajales, de quien el Ministerio Público anunció que fue imputada por “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. Fue detenida al salir de una manifestación en la sede del Sistema de Naciones Unidas.

Antonio González, esposo de Grajales, había informado que recorrieron varios sitios de reclusión para saber dónde se encontraba, pero ninguno aceptó que se encontraba bajo su custodia, aun cuando horas después se comprobó que estaba en la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, uno de los lugares a los que había acudido cuatro veces solicitando información de su esposa.

Martha Lía Grajales es una de las mujeres que fue agredida por fuerzas de choque frente al Tribunal Supremo de Justicia cuando, el pasado 5 de agosto, realizaban una vigilia por justicia para los presos políticos.

El Alto Comisionado de los DDHH, Volker Turk, se sumó a las numerosas voces y organizaciones que se han pronunciado por la libertad de Grajales; incluso las icónicas argentinas Madres de la Plaza de Mayo también exigen la libertad de la líder de Surgentes.

Persecución contra las Baduel

Asimismo, Andreina Baduel, hija del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien es una defensora de derechos humanos y activista incansable en acompañamiento a familiares de presos políticos, denunció que a su hermano, Josnars Adolfo Baduel Oyoque, detenido en la cárcel Rodeo I, le suspendieron las visitas y la entrega directa de paquetería.

Eso ocurre luego que desde que, el 18 de junio de 2025, se intensificara la campaña de persecución, vigilancia y hostigamiento contra Andreína Baduel, después que participara en la rueda de prensa del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuando se denunciaron violaciones a los derechos humanos contra presos políticos.

Andreína Baduel ha sido seguida por vehículos no identificados, le han tomado fotografías y frente a su vivienda se presentan funcionarios policiales en patrullas con las sirenas encendidas en acción perturbadora e intimidante contra la joven.

También su hermana Margareth Baduel ha sufrido persecución y acoso, por lo que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicitaron urgente protección para las hermanas Baduel.