Activistas y familiares de presos políticos en Venezuela reclamaron este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reciba a los allegados de detenidos agredidos el martes en la noche, mientras realizaban una vigilia para pedir la revisión de sus casos. La manifestación tuvo lugar frente a la sede de la ONU en Caracas.
“Queremos también reiterar al Tribunal Supremo de Justicia, que solicitamos una audiencia con la presidenta, Caryslia Rodríguez, y la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, para que por favor revisen las medidas que están pendientes y se conceda la libertad lo más pronto posible”, declaró Marta Grajales, integrante de la ONG Surgentes.
Bajo las consignas “lucha como una madre” y “ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes”, los participantes manifestaron su apoyo a las familias que desde hace un año exigen la liberación de personas detenidas tras las protestas contra los resultados oficiales de las presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al dictador Nicolás Maduro.
Grajales leyó una “declaración de solidaridad” firmada por 175 personas: “Hoy les decimos que no están solas, que las hemos visto durante un año, convirtiendo su dolor en fuerza, movilizando a cientos de personas en torno a la exigencia de justicia y libertad para sus hijos, quienes están injustamente detenidos. Su esfuerzo no ha sido en vano, ustedes son ejemplo de dignidad”.
La activista recordó que el martes un grupo de personas, “algunas encapuchadas” y armadas, llegó en “más de 50 motocicletas” y atacó a las manifestantes —en su mayoría mujeres—, robándoles teléfonos y documentos de identidad. El hecho ocurrió frente al TSJ, donde esperaban una audiencia con la presidenta del máximo tribunal.
“Fue maravilloso constatar que la decisión de esas mujeres sigue intacta, que esas mujeres, a pesar de que estamos golpeadas y sentimos miedo, creemos que esta lucha tiene que continuar porque es una demanda justa, porque además lo estamos haciendo desde los canales constitucionales y porque ustedes están hoy acá diciéndonos que nuestra lucha importa”, afirmó Grajales.
El jueves, la Defensoría del Pueblo reconoció la agresión sufrida por el grupo y señaló que fue perpetrada por “sujetos aún no identificados”. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, instó a las víctimas a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) para “recabar evidencias que coadyuven en las averiguaciones”.
No obstante, la ONG Surgentes informó que los afectados enfrentaron obstáculos para formalizar las denuncias. Según Grajales, un grupo acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde les respondieron que no eran competentes para recibir este tipo de casos.
(Con información de EFE)
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