El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Unión Europea.
La decisión se tomó al no presentar objeciones a la propuesta de la Comisión Europea del 10 de junio, que recoge una actualización de países y territorios sometidos a vigilancia reforzada en materia financiera.
Con esta actualización, la lista elimina a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y añade a Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
La lista destaca a las jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión Europea y los territorios implicados.
Este listado, que difiere del de paraísos fiscales elaborado por el Consejo de la Unión Europea, no implica sanciones automáticas. Sin embargo, obliga a las entidades financieras europeas y a otros organismos a ejercer mayor vigilancia sobre las operaciones financieras vinculadas a los países incluidos, con el objetivo de prevenir actividades ilícitas.
La inclusión de Venezuela y otros países responde a la conclusión de que sus marcos regulatorios presentan deficiencias en la prevención del lavado de dinero y el terrorismo.
Por otro lado, la salida de Gibraltar de la lista ha generado críticas dentro del propio Parlamento Europeo. El Partido Popular cuestionó el voto favorable del Partido Socialista para excluir al territorio, argumentando que “la existencia de un régimen tributario diferenciado provoca una competencia desleal” con consecuencias económicas negativas para regiones españolas cercanas.
La eurodiputada del PP Isabel Benjumea declaró: “Gibraltar cumple todos los indicadores para ser un paraíso fiscal por lo que liberarle es una decisión precipitada, injustificada y perjudicial para los intereses fiscales y económicos de España“.
Según datos citados por el partido, el territorio alberga más de 14.000 empresas activas, lo que representa una empresa por cada 2,4 habitantes y causa una pérdida fiscal estimada en 7.000 millones de dólares a la Unión Europea.
No obstante, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la exclusión de Gibraltar de la lista. Argumentó que el acuerdo entre Bruselas, España y el Reino Unido garantiza “igualdad de condiciones en las áreas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” y afirmó que “Gibraltar cumple total y continuamente con todas las obligaciones relevantes internacionales“.
El nuevo listado propuesto por la Comisión Europea entrará en vigor salvo que el Parlamento o el Consejo se opongan por mayoría.
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