La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció que a la activista Rocío San Miguel, quien cumple este domingo un año detenida, “se le siguen violando sus derechos a la defensa y al debido proceso”.
A través de X, la PUD indicó que también se “le ha negado la atención médica que requiere con urgencia”.
“Exigimos que se le respeten sus derechos y que sea liberada, al igual que todos los presos políticos en Venezuela”, manifestó el bloque opositor, que pidió una medida humanitaria para la también presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
Por su parte el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la antichavista María Corina Machado, denunció este domingo lo que consideró “un patrón sistemático de criminalización” contra San Miguel.
“Hoy alzamos la voz por ella y por todas las mujeres que actualmente son víctimas de tal injusticia y de un patrón sistemático de criminalización contra quienes luchan por la justicia y la libertad”, afirmó VV a través de X.
VV aseguró que, tras su detención, San Miguel permaneció “diez días incomunicada y sin que se conociera su paradero” hasta que -agregó- se “pudo conocer que estaba recluida en el Helicoide”, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
San Miguel fue acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Este domingo, varias ONG se pronunciaron a favor de San Miguel, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que afirmó que, durante estos doce meses, la activista ha sido sometida a un proceso que tacha de “viciado”, “plagado de irregularidades” y “violaciones” a las formalidades legales.
En diciembre pasado, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, dijo que ella sufrió una fractura en agosto que fue diagnosticada a finales de 2024.
Al respecto, Provea indicó este domingo que San Miguel no puede ser sometida a una intervención por “quienes demoraron 4 meses en diagnosticarla”, al tiempo que señaló que en reclusión “no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna”, por lo que solicitó a la Administración de Maduro que la activista pueda ser operada en libertad.
Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que, el pasado diciembre, la audiencia de juicio de la defensora de derechos humanos fue pospuesta para febrero de este año.
(con información de EFE)
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