La Fiscalía de Venezuela lanzó este jueves una recompensa por USD 100.000 por información sobre el paradero del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien abandonó el país en septiembre y se exilió a España, ante la intensa persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Las autoridades chavistas lo acusan de los delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir, entre otros, y apuntan por tanto que “toda persona que conozca de su paradero debería presentarlo a la orden del Ministerio Público”.
El folleto, ya difundido en redes sociales, será desplegado en aeropuertos y puestos policiales de todo el país, informaron fuentes judiciales.
La noticia se conoció a casi una semana del 10 de enero, fecha prevista para la investidura presidencial, para la cual González Urrutia aseguró que volverá a Caracas, con el objetivo de tomar posesión del máximo cargo ejecutivo.
Días atrás, sin embargo, en diálogo con Infobae, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había advertido sobre la situación del opositor, de concretarse su retorno al país.
“Él tiene asilo, le concedieron asilo al opositor Edmundo González, ¿usted sabe lo que es que le concedieron asilo en España? ¿Qué significa eso en términos legales? Que él tiene que permanecer en ese país. Él aceptó quedarse en ese país (...) no puede salir de España porque primero violaría ese asilo”, comenzó apuntando Saab en la entrevista antes de sumar que “él está sujeto a una investigación de carácter penal en Venezuela y lo más delicado de todo esto, cuando tú solicitas asilo, tú has salido de tu país y buscas... ¿qué buscas supuestamente? (...) que ese país te dé refugio para que tú estés allí como él ha hecho... un exilio dorado".
Tras las elecciones del 28 de julio, la Plataforma Unitaria Democrática recopiló más del 80% de las actas y expuso que, en base a sus datos, González Urrutia había sido el real ganador de los comicios, pese al fraudulento triunfo de Maduro proclamado por el chavista Consejo Nacional Electoral.
Desde entonces, junto a María Corina Machado, el ex diplomático emprendió una serie de acciones y movilizaciones destinadas a hacer valer la voluntad popular expresada en las urnas.
Estas medidas, sin embargo, llevaron a que el régimen intensificara la persecución en su contra e, inclusive, el 2 de septiembre, emitiera una orden de detención en su contra por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita.
La noticia fue rechazada ampliamente por la comunidad internacional, que advirtió que el pedido de aprehensión “cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer su voluntad popular venezolana, y constituye una persecución política”.
En este contexto, marcado también por la detención de civiles y el secuestro de opositores y colaboradores de la PUD, González Urrutia abandonó Caracas y se dirigió a Madrid, desde donde continuó su lucha por la libertad del país con miras al 10 de enero.
“El 10 de enero, como ustedes saben, es la fecha que pauta la Constitución para que, como presidente electo, asuma las funciones correspondientes. Asumamos juntos el compromiso de hacer valer ese mandato en 2025″, llamó a sus seguidores la víspera.
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