
La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves conocer el paradero del exconcejal de Caracas Jesús Armas al cumplirse 48 horas de su detención.
“Han pasado más de 48 horas desde el secuestro de Jesús Armas. ¿Dónde está Jesús? Él es un activista de derechos humanos y luchador social”, escribió la PUD en su cuenta de X.
Igualmente, la líder opositora María Corina Machado denunció que, hasta el momento, la familia no ha podido ver ni saber “dónde está” Armas.
“El régimen es responsable de su integridad”, añadió.
Machado sostuvo que el exconcejal es un “activista social, defensor de derechos humanos, profesor universitario y miembro” del comando de campaña del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
El miércoles, la pareja de Armas, Sairam Rivas, acompañada por los padres del activista, aseguró que no saben “absolutamente nada” de su paradero desde las 21:00 hora local del martes (01:00 GMT del miércoles), luego de que, según testimonios citados por la mujer, fuera “sacado de forma abrupta” de un café en una zona de Caracas e “ingresado por la fuerza en una camioneta”.
Desde las afueras de la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al régimen de Nicolás Maduro que “respete la integridad física, mental, psicológica y la salud” del también presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, quien necesita recibir un tratamiento médico “permanente” al ser asmático y sufrir “fuertes alergias”.
“Hacemos responsables al régimen y a las autoridades en Venezuela de cualquier cosa que le pueda pasar a Jesús Armas con su salud y su integridad”, expresó Rivas, para quien la detención de su pareja forma parte de la “política de puerta giratoria”, con la cual, según denuncian organizaciones no gubernamentales, se llevan a cabo nuevas detenciones luego de excarcelaciones.

Esta detención, que se suma a la de dos coordinadores del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por Machado, y la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf, se dan a la par de liberaciones, en los últimos días, de considerados “presos políticos” tras la crisis postelectoral.
Este jueves, el régimen de Maduro informó que en las últimas 72 horas se excarcelaron 103 personas —que se suman a otras 225 liberadas en noviembre—, detenidas en el contexto de las protestas en contra el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó de manera fraudulenta a Nicolás Maduro como el ganador.
La chavista Fiscalía General anunció en noviembre que 225 detenidos recibieron “medidas de libertad” y que estaban “procesadas por los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones del 28 de julio”. La mayoría de los excarcelados deben presentarse cada 30 días ante los tribunales, por lo cual distintas ONG de derechos humanos dicen que no se considera una libertad plena.
La ONG Foro Penal señala que se produjeron al menos 1.800 detenciones luego de los comicios y ha confirmado la excarcelación de 169 miembros del grupo de 225 que anunciaron las autoridades en noviembre.
El miércoles, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó de la liberación de 12 detenidos, entre ellos ocho menores de edad.
Maduro, quien asegura que las protestas fueron financiadas por la oposición para crear un caos en el país, dijo el mes pasado que si las autoridades habían cometido algún error en las capturas, le pedía a la Fiscalía revisar los casos.
Activistas y parientes de algunos detenidos han dicho que sus familiares no participaron en las manifestaciones o las miraban sólo desde lejos, que algunos fueron detenidos en sus casas o en la calle cuando se desplazaban de forma particular y que han sufrido torturas en prisión.
Los detenidos, incluidos más de un centenar de adolescentes, fueron acusados de “terrorismo” y llevados a cárceles de máxima seguridad. Muchos fueron arrestados sin orden de captura. El régimen habilitó canales para delatar sospechosos en lo que se llamó “Operación Tun Tun”, en referencia al sonido del toque de puerta cuando llegan los oficiales.
(Con información de EFE)
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