
En la legislación venezolana está establecido que el 10 de enero, después de las elecciones presidenciales, la Asamblea Nacional debe juramentar al presidente electo. Esa fecha, en el 2025, se convierte en un punto de quiebre para la institución castrense que tiene el monopolio de las armas de la República y la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los poderes en Venezuela están secuestrados por la revolución madurista, sus jefes son subalternos de Miraflores y el CNE da como ganador a quien perdió las elecciones, mientras que el presidente electo tuvo huir de Venezuela.
Es por ello que tres organizaciones de militares en reserva activa exigen que se respete la voluntad del pueblo como debe ocurrir en democracia, a la vez que consideran que “toda la población oprimida debe reaccionar con firmeza, ante el robo de las elecciones del 28 de julio”, donde resultó electo por abrumadora mayoría el opositor Edmundo González Urrutia.

Los generales Rafael Ángel Montero Revette y Juan Antonio Herrera Betancourt, así como el coronel Hidalgo Valero Briceño, quienes dirigen las organizaciones Movimiento de Militares Retirados (MMR), Frente Institucional Militar (FIM) y Defensores Populares de la Nueva República (DPR), respectivamente, hacen un llamado a las fuerzas policiales y militares del país.
Están conscientes que tanto militares como policías, así como el resto de la sociedad civil, “también son víctimas de la crisis económico-social, por el gran desfalco del Patrimonio Público”.
Enfatizan que “solo una pequeña cúpula son los beneficiarios de la corrupción descarada del Régimen. A los militares y policías los han convertido en los caporales del pueblo esclavo”.
Manifiestan con indignación: “Qué ejemplo dan a la Patria de Bolívar, ese servilismo interesado al rojo vivo, que está marcando la historia de Venezuela”, dicen Montero, Herrera y Valero.

En un comunicado de militares dirigido a los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía, destacan que “el próximo 10 de enero de 2025, termina el mandato presidencial de Nicolás Maduro Moros”.
Los tres oficiales, que dirigen organizaciones de militares en retiro, aseveran que el 10 de enero de 2025 “debe juramentarse ante la Nación, el presidente electo y legítimo de la República de Venezuela, Edmundo González Urrutia”.
Están conscientes que “existe una pretensión arbitraria y dictatorial anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional madurista, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, de juramentar a Nicolás Maduro como presidente reelecto de la República, lo cual consolida un golpe de Estado”, lo que convierte a su gobierno en uno de facto, es decir, sin aprobación electoral, apartado de la legalidad, usurpan la autoridad, sin ajustarse a la ley y solo ostentando el poder por la fuerza.

Junto a la mayoría
Los presidentes de Defensores Populares de la Nueva República (DPR), Frente Institucional Militar (FIM) y Movimiento de Militares Retirados (MMR), Frente Institucional Militar (FIM) y las organizaciones de militares retirados, nos unimos al clamor de la gran mayoría de la población venezolana, que eligió al nuevo presidente de la República, para que se efectúe una transición pacífica y ordenada, con el traspaso del poder en forma civilizada, el 10 de enero de 2025.
Afirman que “de lo contrario, los militares y policías, pasarán a las páginas de nuestra posteridad, como los líderes de la ‘Dictadura Cuartelera’, que se alzaron no solo contra el espíritu de la independencia, también como cómplices y encubridores de la violación de la Constitución y el Estado de Derecho”.
Hidalgo, Herrera y Montero van más allá y aseguran que esos militares y policías que irrespeten la voluntad el pueblo “también quedarán como los tiranos traidores, que se rebelaron contra el espíritu de libertad, el cual juramos defender”.
“¡Qué triste son los caudillos militares y policías asaltantes, que soportan este poder etéreo, utilizado en afrenta a la obra del Padre de la Patria! Como le dijera Simón Bolívar a esas cúpulas militares: ‘Caudillos de cuartel, plaga ignorante despiadada, disputándose el botín de la Dictadura, sobre las ruinas de Venezuela’. O como a Prometeo, en la mitología griega, ustedes le comen las entrañas a nuestro pueblo”.

“Son 25 años de opresión, de esclavitud, con sueldos y pensiones de hambre, que no cambiarán con discursos, polémicas y protestas aisladas de un pueblo desarmado y de cultura pacífica”.
Están convencidos que nuestra humilde sociedad está esclavizada y obligada a agotar el fruto de su existencia, para satisfacer los apetitos criminales insaciables, de un grupo de desadaptados, sin sensibilidad social, sin valores ni principios morales”.
Ante ello, y en representación de los cientos de oficiales a su mando, piden a aquellos hombres de conciencia que conforman la institución castrense y a los cuerpos policiales “unirnos a nuestro pueblo en desobediencia civil, para restablecer la vigencia de la Constitución”.
Lo hacen “conforme a lo pautado en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, en caso de que el Régimen Dictatorial, pretenda inconstitucionalmente continuar en el poder, a la fuerza, juramentando como presidente al ilegítimo Nicolás Maduro”.
Recuerdan que la Fuerza Armada y las Policías “están obligados a apoyar a la mayoría de la población venezolana, para que el 10 de enero de 2025, se juramente en sana paz al Presidente electo y legítimo de la República Edmundo González Urrutia”, finalizan diciendo el general de División y exministro de la Defensa Rafael Montero Revette; el general de Brigada, profesor universitario y ex senador de la República, Juan Antonio Herrera Betancourt; y el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño.
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