El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó una actualización oral de la crítica situación que atraviesa Venezuela y denunció 18 casos de desaparición forzada desde enero de 2023.
Nada Al-Nashif, adjunta del Alto Comisionado Volker Türk, leyó este martes la actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. “Desde enero de 2023, el ACNUDH documentó 18 casos de desaparición forzada llevados a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y se las mantuvo incomunicadas durante horas e incluso semanas”, indicó.
La funcionaria jordana hizo referencia a la expulsión de los representantes de la ONU del país caribeño y al cierre de la oficina en Caracas, denunció las violaciones al Acuerdo de Barbados, la falta de condiciones electorales y dedicó un apartado a la ley contra las ONG que busca llevar adelante el chavismo.
“Manifestamos nuestra preocupación por la decisión del gobierno de Venezuela de suspender las actividades de nuestra oficina en el país y ordenar que nuestros colegas salgan en 72 horas. Son medidas incoherentes con la carta de acuerdo cerrado con el gobierno venezolano”, señaló Al-Nashif.
Y siguió: “Hubo manifestaciones durante todo el año en relación con los derechos sociales y económicos. Nuestra oficina no registró incidentes respecto a un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. No obstante, preocupan los casos de detenciones arbitrarias”.
La Alta Comisionada adjunta también hizo referencia a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. “Venezuela entra en ciclo electoral y me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de persecución e intimidación a opositores”, remarcó; al tiempo que agregó: “Reitero el llamamiento para que las elecciones sean transparentes, inclusivas y participativas”.
Al-Nashif sostuvo que “los defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de represión, detención y amenazas” y mencionó los casos de Javier Tarazona y Rocío San Miguel.
“Pido a las autoridades que se abstengan a adoptar el proyecto de ley sobre la regulación, funcionamiento y financiamiento de las ONG, que podría impedir la entrega de ayuda humanitaria que salva vidas”, solicitó.
La funcionaria dijo que la firma del Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 fue un paso positivo pero solicitó que el mismo se respete: “Pido su aplicación íntegra de buena fe y recuerdo a las partes que los DDHH deben ser el centro de las negociaciones”.
Por último, exigió la “liberación inmediata” de todos los presos políticos, “el fin de las detenciones arbitrarias” y que “se incrementen los esfuerzos para terminar con la impunidad en relación a los derechos humanos”.
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