El teniente Ronald Ojeda Moreno es un militar venezolano que se exilió en Chile luego de escapar de la prisión de Ramo Verde, en Venezuela, donde estuvo detenido arbitrariamente por la dictadura de Nicolás Maduro. Este miércoles, Iván Simonovis, también ex preso político y ex Comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció en sus redes sociales que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana se infiltraron en territorio chileno y secuestraron al desertor.
“En una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero”, escribió Simonovis en sus redes sociales, junto a un video.
Granko es un Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Hace poco, la tiranía venezolana degradó a este oficial... La información que me llega es que ya estaría en Caracas”, agregó la abogada y activista por los derechos humanos, Tamara Suju.
Según los registros a los que accedió el medio chileno Radio Bío Bío, el gobierno de Gabriel Boric le concedió asilo político a Ojeda Moreno a fines del año 2023.
Ese medio informó, además, que en este momento Carabineros y la Policía de Investigación de Chile (PDI) están a cargo de la búsqueda del teniente coronel venezolano, mientras que su familia hizo la denuncia ante el Ministerio Público.
El Ministerio Público informó que el equipo del fiscal regional sur, Héctor Barros, está liderando la investigación.
Por su parte, el diputado Tomás de Rementería, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que es “gravísimo” si se comprueba que existió una operación de inteligencia extranjera en suelo chileno: “Voy a pedir en la Comisión de Inteligencia de la Cámara que se cite a la autoridades de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen y también en la Comisión de Relaciones Exteriores que se haga un análisis de lo que pasó, si hay información y si se le preguntó al Gobierno venezolano si efectivamente esto estaba sucediendo”.
Durante su estadía en Santiago de Chile, en noviembre de 2022, Ojeda Moreno se manifestó frente al Palacio presidencial de Chile para protestar en contra de las negociaciones que en ese momento sostenían la oposición venezolana y el chavismo en México.
Ese día, el militar venezolano se arrodilló frente a la casa de gobierno y desplegó un cartel en el que también pedía por la liberación de los presos políticos en Venezuela.
En la foto que se tomó durante esa protesta se lo ve con una bolsa negra en la cabeza, con las iniciales del DGCIM.
El 28 de febrero 2018 se publicó en la Gaceta Oficial N° 41.350 el decreto 2.399, donde se dio a conocer la medida de degradación y expulsión de la FANB, sin previo juicio, de 13 altos oficiales y 11 primeros tenientes. Entre estos últimos se encontraba Ronald Leandro Ojeda Moreno.
Las listas de degradaciones y expulsiones ha sido un recurso para castigar a quienes se han enfrentado al régimen de Maduro.
El presunto secuestro de Ojeda Moreno se da en un momento en el que la dictadura chavista recrudeció la persecución contra la oposición, en un año en el que se deben celebrar elecciones presidenciales en el país caribeño. Asimismo, el régimen expulsó a la Oficina de la ONU que funcionaba en el territorio nacional.
Los 13 empleados ya dejaron el país y se encuentran en Panamá, desde donde continuarán sus labores, ya que la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí.
La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela para mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
La suspensión se anunció un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
Las fuerzas de seguridad del régimen, con Maduro al mando, están investigadas por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Un informe elaborado por la ONU en 2022 sostiene que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la DGCIM “son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir la disidencia y apuntalarse en el poder”.
En el caso de la DGCIM, son 11 los agentes apuntados por las investigaciones. Entre ellos el director general Iván Rafael Hernández y antiguos responsables de distintos estamentos del organismo, como Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Los abusos que se describen en el informe, elaborado en base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y ex funcionarios, incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.
También se denuncia el uso de la “señorita”, un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados “tortura blanca”, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.
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