En Venezuela tuvieron lugar, durante el pasado mes de enero, 187 casos de “persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía”, según un balance del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), difundido este viernes.
De acuerdo con el informe más reciente de la organización, la cifra equivale a que “cada cuatro horas una persona fue perseguida o criminalizada en Venezuela” durante enero.
Indicó que del total de casos computados, 94 fueron contra la ciudadanía en general y, la mayoría, tuvieron lugar en el contexto de las protestas de diversos sectores sociales que claman por mejoras salariales y laborales.
“A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el Gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos”, aseveró la ONG.
Un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales, e incluyeron “actos de hostigamiento y amenaza” en contra de varias ONG.
Asimismo, Cepaz registró 18 “actos de criminalización en contra de trabajadores de la prensa y medios de comunicación” y nueve en contra de personas vinculadas con la política, estos últimos incluyeron cuatro “irregularidades” en procesos judiciales, tres hechos de “hostigamiento y amenaza” y dos “allanamientos irregulares”.
La ONG calificó de “alarmante arremetida” la persecución registrada durante el mes pasado, e insistió en que se trata de “patrones específicos que utiliza el Gobierno de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos para, en definitiva, lograr permanecer en el poder de forma indefinida”.
Recientemente, varias organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado con escritos y comunicaciones en contra de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiación de las ONG, aprobado recientemente por el Parlamento, y que, aseguran, “suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico”, además de admitir la persecución.
La ONG también documentó que por cuentas digitales adeptas al régimen de Nicolás Maduro, y a través de personas vinculadas a la política del gobierno y de funcionarios de seguridad del Estado, se cometieron diez actos de hostigamiento y amenazas contra periodistas y medios de comunicación.
Otros hechos que involucraron a numerosas víctimas ocurrieron en el contexto de las protestas sociales realizadas por trabajadores de distintos sectores que reclaman mejores condiciones salariales. El presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) rodearon su casa en Valencia. Lo mismo ocurrió con Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería del estado Bolívar. Funcionarios del Sebin asediaron su vivienda mientras participaba en una protesta.
(Con información de EFE)
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