Activistas LGBTI en Venezuela exigieron este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una respuesta definitiva a peticiones como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la anulación de un artículo del Código de Justicia Militar que castiga con hasta tres años de cárcel las relaciones homosexuales.
Unos 15 representantes del colectivo pidieron un “pronunciamiento definitivo” sobre unas demandas introducidas desde 2015 por la asociación civil Venezuela Igualitaria relativas “al derecho al matrimonio civil igualitario”, al de “la identidad de género” y al de “las personas a ser, existir y amar dentro de las Fuerzas Armadas”, dijo a EFE el presidente de esta asociación, Giovanni Piermattei.
“Desde entonces, a pesar de haber sido admitido cada uno de estos recursos, (...) no han dado respuesta. Ya se cumplió el lapso procesal, están en un evidente retardo procesal al no darnos respuesta”, aseguró.
Por su parte, Yendri Velásquez, miembro del Observatorio de Violencia LGBTI, dijo a EFE que Venezuela es, “lamentablemente, uno de los últimos países en la región en avanzar en materia de derechos humanos para las personas” de este colectivo, con las que el “Estado tiene una gran deuda”.
“No nos están garantizando el derecho a nuestra integridad física y emocional, no existen políticas públicas que estén orientadas hacia ese objetivo (...) y, por eso, nos preocupa, además, el creciente espacio que se le está dando a grupos antiderechos dentro de las instituciones del Estado”, expresó Velásquez, quien espera que las autoridades “dejen de hacer promesas vacías a la comunidad LGBTI”.
En Venezuela, un hombre homosexual no puede donar sangre, una persona trans debe identificarse legalmente con un nombre que no la representa y las parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que enfrenta este colectivo.
En septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas concluyó que en Venezuela se orquestó una “maquinaria” que cometió crímenes de lesa humanidad contra la disidencia, con el objetivo de mantenerse en el poder.
De acuerdo con la ONU, las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela no han sido casos aislados, sino que forman parte de un plan sistemático diseñado por el propio Nicolás Maduro.
“El Presidente, asistido por autoridades de alto nivel, se destacan como los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria al servicio de la represión de la disidencia”, concluye el informe.
Con información de EFE
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