En una entrevista con Infobae en vivo, el abogado Juan Félix Marteau afirmó que el lavado de dinero narco no se puede combatir solo con la condena penal. El especialista, con vasta experiencia en la coordinación de políticas nacionales contra el lavado de activos, puso bajo la lupa la eficacia de los estándares internacionales que la Argentina adoptó durante los últimos veinticinco años para hacer frente al delito financiero y las amenazas vinculadas al crimen organizado.
Según relató Marteau, el país incorporó una serie de reglas recomendadas por organismos multilaterales, con el propósito de reducir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin rodeos, planteó que Argentina no logró cumplir esos objetivos de manera efectiva pese a haber organizado un sistema nacional con ese cometido. “La Argentina no ha cumplido eficazmente con sus propios propósitos al aceptar el estándar y organizar algo que se llama un sistema nacional con este cometido”, explicó Marteau en diálogo con Infobae.
Nueva Programación
Para el abogado, una de las raíces del problema reside en la naturaleza de los estándares globales diseñados por países desarrollados. Sostuvo que estas reglas nacieron como respuesta de Estados Unidos y Europa al crecimiento de los cárteles colombianos, en un período en el que el flujo de cocaína y las ganancias generadas por ese tráfico inundaban primero el mercado estadounidense y después el europeo. Marteau fue enfático al señalar que dichas normas, a su entender, “no aplican para la Argentina”, ya que las condiciones locales difieren profundamente de las realidades que enfrentan esas potencias.
Durante la entrevista, Marteau remarcó que la economía argentina cuenta con niveles de informalidad muy superiores a los que se observan en Estados Unidos o Europa. Citó que en esos países el peso de la economía en negro ronda el 10%, mientras que en Argentina esa proporción alcanza al menos el 40%. “Proponemos cazar a los lavadores y a los financistas del terrorismo dentro de un sistema financiero que ya de por sí es opaco”, expresó el abogado, quien apuntó que, en la práctica, la mayor parte de las operaciones ilegales ocurren fuera de la órbita regulada, lo que complica la tarea de las autoridades.
El especialista propuso reexaminar por completo la estrategia, adoptando un enfoque que priorice los intereses nacionales. Se refirió de manera crítica al “sueño de que todos los países se puedan parecer”, una idea que, tras la caída del muro de Berlín, impulsó intentos por exportar reglas y modos de vida occidentales a través de organismos internacionales. “Esto, pensado idealmente en una mesa, parece muy lindo, pero en la práctica llevó a desastres tremendos”, analizó Marteau.
A la hora de mencionar cifras, Marteau apuntó que, al momento de la evaluación internacional, el sistema antilavado argentino contaba con cerca de 100.000 sujetos obligados —entre bancos, escribanos, contadores y registros— reportando operaciones sospechosas.
Ese flujo de información, según describió recogiendo datos de la evaluación de GAFI, generó unos 55.000 reportes anuales, pero terminó procesándose en apenas 665 informes de inteligencia. “Estamos en problemas. Es poco. Mucho. Yo digo. Mira, vamos a seguir analizando. Ahora, ¿Para qué producís inteligencia financiera?”, cuestionó. De ese volumen, el 90% terminó en la justicia penal, tal como exige el estándar internacional, pero Marteau advirtió sobre los efectos limitados de ese abordaje.
De esos procesos judiciales, el número de sentencias firmes por lavado de dinero no supera las 17 anuales y la mayoría consiste en condenas condicionales; los decomisos de bienes apenas rozan los 27 millones de dólares cada año, frente a estimaciones que calculan en 30.000 millones el volumen de dinero que se lava en el país. “El principal resultado esperable para detonar la economía ilícita a una organización criminal es el decomiso; vos empezaste con una voracidad enorme y terminaste atrapado en un sistema penal tradicional”, describió.
Para Marteau, el enfoque centrado solo en la persecución penal genera, además, la “desresponsabilización de la política”. En su lectura, la clase dirigente local trasladó la obligación de combatir el lavado a jueces y fiscales, abandonando herramientas administrativas y de inteligencia que podrían producir resultados más concretos.
“Lavar dinero es un delito. Ahora, si vos pensás que a los narcos y al dinero de los narcos los vas a combatir solo con la condena penal, cuando vos tenés una multiplicidad de acciones para saber que un establecimiento es narco… vos tenés que romperlo con las herramientas del poder administrador”, sostuvo.
A modo de ejemplo, se refirió al rol de financieras y cambiarias que, en su visión, “le están lavando dinero a la corrupción de la política y al narco”, lo que demanda una respuesta fuera del circuito judicial tradicional. Añadió que la irrupción de tecnologías como los criptoactivos impone nuevos desafíos y multiplica la necesidad de un enfoque dinámico ante las amenazas internas y externas del país.
Para el especialista, el actual esquema de cumplimiento formal se mantiene como una respuesta pragmática frente a la presión de evaluaciones internacionales, como las impulsadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). No obstante, la dependencia de reformas institucionales a último momento y el apego a normas que no impactan en la realidad local dejan al país en una posición vulnerable. “Jugar el juego de GAFI como un juego estratégico me parece perfecto. Ahora, si nosotros nos creemos que esta es la solución, esto nos lleva a un lugar tremendamente débil”, concluyó.
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