En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado sostuvo que la reforma penal juvenil “no deja lugar para la impunidad” y representa “un momento histórico” para la legislación argentina. Al frente de la Comisión de Legislación Penal, Rodríguez Machado resaltó: “Hace desde 1980 que no logramos modificar algo tan sensible, y las excusas ya no alcanzan”.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, la legisladora explicó que el plenario que despachó el dictamen reúne a más de 140 diputados de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Familia y Justicia. “81 votaron el dictamen, con un apoyo transversal, salvo el kirchnerismo, que presentó un despacho propio y no acompaña la reforma”, detalló.
Nueva Programación
La diputada subrayó que el proyecto aprobado en comisión incorpora cincuenta y un artículos y reemplaza la actual normativa, heredada de la dictadura, por una regulación alineada a los estándares internacionales: “Toda esa normativa de cómo hacen todos los países para abordar la delincuencia juvenil no está incorporada al plexo jurídico argentino. Esta norma comprende no solo el moderno tratamiento del delito juvenil, sino también las normativas internacionales al respecto”.
El consenso en Diputados y las divisiones del bloque opositor
Rodríguez Machado precisó que el dictamen contó con el respaldo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, MID, Innovación Federal y Provincias Unidas. “El kirchnerismo se dividió: algunos diputados de Massa acompañan la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, pero el núcleo duro rechaza cualquier modificación”, puntualizó. Remarcó la importancia de haber logrado consenso: “No hay que contar las cosas antes de que ocurran, pero hay un consenso bastante grande”.
La presidenta de la comisión también aclaró que el proyecto toma como base la iniciativa del Ejecutivo, pero suma veinte propuestas de otros bloques: “Venimos trabajando desde 2024 sobre el proyecto del Ejecutivo, pero siempre considerando proyectos de diferentes autores que coinciden en que hay que terminar con la ley de la dictadura de 1980”.
Justicia para las víctimas y resocialización de menores
Sobre el nuevo enfoque, Rodríguez Machado remarcó la doble función de la reforma: “Tiene dos caras: justicia para las víctimas y la función central de resocializar al menor en conflicto con la ley penal”. Explicó que el sistema prevé penas alternativas a la prisión para delitos menores: “No todos los menores van a tener penas de reclusión. Muchas veces el juez establecerá penas alternativas como tobillera o prohibición de acercamiento a la víctima”.
En cuanto a la definición de la pena y la actuación judicial, aclaró: “Son jueces penales quienes intervienen, no hay jueces de menores específicos, y los fiscales también participan del proceso”. La diputada enfatizó que la reforma privilegia el seguimiento y la rehabilitación: “No es amontonar a menores en un pabellón, lo que buscamos es resocializar al menor”.
El financiamiento y los desafíos de implementación en las provincias
Rodríguez Machado detalló el esquema de financiamiento previsto: “Los delitos federales los financia el Estado nacional, pero los delitos comunes dependen de las provincias. Está la posibilidad de conveniar con la Nación cuando la infraestructura provincial no alcance”. Explicó que el artículo cincuenta y uno habilita acuerdos para cubrir gastos en infraestructura, personal y tratamiento de adicciones o problemas psicológicos: “No es solo hacer lugares de reclusión, también hay que prever tratamiento psicológico, de adicciones y la figura del adulto responsable que supervisa al menor”.
La diputada recordó el debate presupuestario: “El proyecto original otorgaba al jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas, pero ahora, con el presupuesto aprobado, el Ejecutivo debe fijar qué fondos y montos aporta el gobierno nacional”. Aclaró que las realidades provinciales son diversas: “Algunas provincias pueden cubrir solas los costos, otras requerirán más inversión en personal o infraestructura”.
Consultada por la infraestructura disponible, sostuvo: “Actualmente hay infraestructura, cada provincia sabe su situación y, si lo requiere, puede conveniar con la Nación”. Puso como ejemplo la provincia de Córdoba: “Están ampliando o construyendo lugares nuevos, no es que el día ciento ochenta de la entrada en vigencia se van a encontrar sin alternativas”.
Debate sobre la impunidad y el impacto en los barrios
Rodríguez Machado respondió a críticas sobre el supuesto punitivismo de la reforma: “La frase ‘delito de adulto, pena de adulto’ resume que si un menor de 14 años tiene discernimiento y voluntad, debe recibir la misma pena que un adulto. No es una agresión ni un exceso de punitivismo”. Aclaró que la ley prohíbe alojar a menores con adultos y establece garantías procesales.
La legisladora también se refirió a situaciones actuales de discrecionalidad judicial: “Hoy hay menores detenidos bajo una especie de tutela judicial, sin juicio. Nosotros proponemos que tengan un juicio justo, que se determine su culpabilidad y que haya un intento de resocializar”.
Sobre la percepción social, destacó: “Hay barrios donde los vecinos conocen a los menores que delinquen, pero prefieren no denunciarlos porque temen represalias. Hay una especie de crueldad en lo que hoy está pasando; no se busca la resocialización ni hay juicio justo”. Advirtió sobre el uso de menores por parte de organizaciones criminales: “Actualmente son mano de obra porque saben que no son imputables”.
Respecto al impacto esperado de la ley, Rodríguez Machado fue cauta: “La seguridad no depende de una sola ley. Es una percepción de lo que cada gobierno quiere hacer. Si el Estado contiene y supervisa a los menores, se les hace menos daño que soltándolos”.
La diputada cerró con una reflexión sobre la oportunidad histórica: “Esta ley incorpora estándares internacionales y busca un equilibrio entre justicia para las víctimas y resocialización. Es una deuda pendiente desde hace más de cuarenta años”.
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