Los trabajadores del Hospital Garrahan preparan una nueva medida de fuerza por 24 horas en otro capítulo que escala en el conflicto con el Gobierno por los aumentos de sueldos. En ese sentido, preparan una movilización para el próximo jueves 17 de julio.
La protesta se profundiza en medio de una tensión persistente entre los equipos de salud del principal hospital pediátrico del país y las autoridades nacionales. La organización sindical ATE-Garrahan formalizó la convocatoria de un paro total al que se plegarán también los médicos, técnicos y personal de diferentes áreas, destacando la falta de respuesta oficial ante la demanda de recomposición salarial.
El foco de la disputa se centra en el reclamo por las condiciones laborales y en el reclamo de salarios “acorde a la canasta básica”, conforme expresaron referentes gremiales.
La nueva huelga está anunciada desde las 7 de la mañana del jueves 10 de julio y se extenderá durante toda la jornada. Según confirmaron los voceros del personal, durante la medida solo se garantizarán las guardias para emergencias, la atención de urgencias y los turnos que resulten impostergables por motivos clínicos.
Las consultas ambulatorias y el funcionamiento habitual de los servicios verán reducida su operatividad al mínimo indispensable, como detallaron desde la representación sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El anuncio se concreta con la coordinación de asambleas en los diferentes turnos y la adhesión de agrupaciones de profesionales y técnicos, quienes manifestaron que la situación salarial y las condiciones contractuales empeoraron en los últimos meses y piden la reapertura de las paritarias.
Por su parte, en referencia a anteriores medidas de fuerza, desde el Ministerio de Salud de la Nación, comandado por Mario Lugones, afirman que los sectores que convocan al paro están incumpliendo las condiciones de la conciliación obligatoria. “No cumplir con ese acuerdo atenta contra la buena fe negocial”, afirman.
En ese sentido, la designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico ejecutivo reavivó el descontento. Este martes el Ministerio de Salud oficializó el nombramiento del ex interventor del Hospital Nacional Bonaparte para conducir el Garrahan.
Desarrolló su formación quirúrgica en el Hospital Militar Central “Cosme Argerich”y actualmente suma estudios de maestría en Economía y Gestión de la Salud en ISALUD, así como un MBA en la Universidad de San Andrés. Su perfil incluye capacitación en gestión de calidad y administración de servicios de salud.
Además, estuvo a cargo de la coordinación del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alta Complejidad El Cruce-SAMIC (2010-2022), la jefatura de Neurocirugía en la Clínica Sagrada Familia, la dirección de Servicios Técnicos y Diagnósticos del Hospital Nacional Baldomero Sommer y el rol de jefe de Urgencias Neuroquirúrgicas en OSDE.
“La designación de Pirozzo responde a una lógica de ajuste y retroceso en salud pública”, declaró Alejandro Lipcovich, secretario general de la seccional. Además, señaló que el flamante directivo “no llega por méritos médicos sino por sus antecedentes en políticas de vaciamiento”, y atribuyó esta medida a una directriz del Ejecutivo Nacional que, según el gremio, prioriza la reducción presupuestaria en detrimento de las condiciones de trabajo y la atención a la niñez.
El trasfondo de la protesta se conecta con la reciente disputa entre los equipos profesionistas y la administración del centro de salud, agravada por la situación de los médicos residentes. Estos trabajadores realizaron reclamos de actualización salarial y alcanzaron la percepción de un bono extra, costeado por recursos internos del propio Hospital Garrahan.
En ese marco, tras la intervención del Ministerio de Salud, el Gobierno dispuso la modificación del régimen de residencias: a partir de ese momento las residencias se redefinieron como “becas” y se condicionó el acceso al bono a la renuncia voluntaria del contrato laboral formal, lo que implica perder recibo de sueldo, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.
Este cambio impulsado por el Ejecutivo generó rechazo por parte de los gremios y de múltiples colectivos profesionales. Los trabajadores del nosocomio señalaron que la medida pone en riesgo la estabilidad laboral y los derechos de los residentes, y advirtieron sobre el impacto en la formación de nuevos especialistas para el sistema público de salud.
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