La oposición consiguió la aprobación en la sesión especial que comenzó con el tratamiento de un incremento de emergencia para el sector pasivo. Fue tras ocho horas de debate y cruces entre opositores y oficialistas, que resistieron la norma por su costo fiscal. Aseguran que desbarata el equilibrio macroeconómico conseguido por la gestión de Javier Milei.
En paralelo, se realizaron protestas en las inmediaciones del Congreso por el conflicto del Hospital Garrahan y los 10 años del Ni Una Menos, entre otros sectores que se sumaron a la tradicional marcha de jubilados.
Cerca de la madrugada, el bloque kirchnerista anotó otro punto a su favor, luego de que se votara a favor del proyecto de ley que proponía declarar en emergencia al sistema de discapacidad. Además, se dio el visto bueno a la declaración de zona de emergencia y en situación de catástrofe por 180 días a las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, tras el temporal que afectó a varias localidades en mayo de 2025. Entre las ciudades más afectadas mencionaron a Bahía Blanca, Coronel Rosales, Zárate, Campana, Arrecifes, Salto y San Antonio de Areco.
Con la aprobación de los 196 diputados presentes en la sesión, aprobó el proyecto de ley que proponía declarar como “zona de emergencia y en situación de catástrofe” a las localidades de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que resultaron afectadas por el temporal de mayo de 2025.
Según dispuso la normativa, la medida tendría una duración de 180 días apenas entre en vigencia. Asimismo, se hizo hincapié en que las ciudades más afectadas fueron: Bahía Blanca y Coronel Rosales, debido a que sufrieron inundaciones en marzo de este año.
Luego de más de una hora de exposiciones, la Cámara de Diputados votó a favor del proyecto de ley presentado por Unión por la Patria, el cual buscará aumentar el monto mínimo de las pensiones por discapacidad y una actualización mensual automática. Con un total de 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, la medida entraría en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por pedido del miembro informante, se realizó una votación en particular, debido a la falta de consenso que algunos bloques presentaron respecto a algunos artículos de la norma. Pese a que se gestaron varios debates respecto a las incorporaciones propuestas por la diputada Natalia Sarapura (UCR), todos los artículos de la norma fueron aprobados.
Por un lado, la primera agregación impulsará un sistema de auditorías periódicas, justas, transparentes y haciendo un análisis integral de la situación de los beneficiarios por parte de las ANDIS y el Consejo Nacional de Discapacidad. Y el segundo agregado se trató de una modificación del artículo 87 de la Ley N° 24.013, con el fin de que los empleadores que contraten a trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales.
El diputado Pablo Yedlin ratificó que el proyecto de ley no era capaz de brindar una solución completa a las falencias que sufriría el sistema de seguridad social y, sobre todo, en materia de discapacidad. Sin embargo, el legislador tucumano pidió al Gobierno nacional que se dé de una discusión profunda sobre el funcionamiento actual del sistema.
“El sistema de seguridad social merece una discusión de fondo”, sostuvo el integrante de Unión por la Patria al apuntar que no sería posible seguir manteniéndolo solo con las contribuciones, ya que se trataría de una modalidad que habría quedado obsoleto en el resto del mundo. Asimismo, pidió mayor respeto hacia las personas con discapacidad a la hora de referirse a ellas en comunicaciones y discursos oficiales.
El diputado del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, ratificó su apoyo al proyecto de emergencia en discapacidad, tras manifestar que la iniciativa buscaría ser “un poquito más humanos” con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, el legislador advirtió que “ni siquiera con esta emergencia estamos resolviendo el tema”, al apuntar que todavía habría que hacer varios cambios en el sistema de discapacidad para brindar un servicio efectivo. Sobre todo, en cuestión de acceso de los beneficiarios y el pago recibido por los prestadores incluidos en el régimen.
La diputada Emilia Orozco defendió el rechazo esbozado por La Libertad Avanza (LLA) ante el proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de discapacidad, tras acusar a la oposición de haber hecho “curros” durante su gestión y haber provocado que el sistema se desfasara.
“Hicieron de la discapacidad un curro”, denunció al responsabilizar a la vieja dirigencia de haber otorgado pensiones a personas que no habrían cumplido con los requisitos para ser meritorios de las mismas. “Ojalá que la consciencia les pese, porque ustedes son los responsables de todo este desfasaje”, sentenció, tras acusar que la iniciativa tratada no explicada de dónde saldrían los fondos para cubrir los costos detrás de las modificaciones propuestas.
En representación de la Unión Cívica Radical (UCR), la diputada Soledad Carrizo expresó varios desacuerdos con el proyecto presentado por el peronismo y pidió al Gobierno nacional a hacer un llamamiento a una mesa de diálogo para brindar soluciones a los beneficiarios de las pensiones de discapacidad.
“Es una cuestión de voluntad política”, remarcó la legisladora cordobesa al plantear que en el año y medio de la actual gestión no se habrían buscado soluciones concretas a la problemática. “No rieguen el fuego con más nafta”, advirtió al solicitar que la cuestión sea tratada con seriedad.
Al mismo tiempo que bregó por un sistema de auditorías que permitan detectar irregularidades en los cobros de las pensiones, marcó la necesidad de realizar un cambio en el sistema presupuestario de la ANDIS, con el fin de generar una retroalimentación en el manejo de fondos.
El diputado Martín Maquieyra ratificó la postura del PRO al señalar que impulsarán la iniciativa que había sido presentada por su espacio. En este sentido, el legislador pampeño remarcó que el proyecto del bloque republicano se centrará en actualizar el valor de las prestaciones, adecuar el vocabulario conforme a la convención internacional y promover el empleo.
"No vamos a ser cómplices de fundir un sistema mas como ha hecho el kirchnerismo simplemente por querer ganar un votito más, porque están desesperados", apuntó el orador. Y concluyó con la frase: “No vuelven más”, dirigido hacia el peronismo, partido que estuvo detrás de la presentación del pedido de declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta 2027.
Luego de que se aprobara el aumento a las jubilaciones, los diputados iniciaron el debate sobre el proyecto de ley que buscaría declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por legisladores de diferentes bloques y encabezada por la diputada María Luisa Chomiak (Unión por la Patria), apunta a reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.
El texto establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias destinadas a garantizar el acceso efectivo a derechos ya reconocidos, con especial énfasis en la eliminación de barreras en ámbitos como la salud, la educación, la inclusión laboral y la infraestructura.
Los principales puntos que abarcaría la iniciativa de la oposición:
El kirchnerismo y la oposición dialoguista avanzaron con la aprobación de la norma que incrementa en un 7,2% las jubilaciones y lleva el bono de $70.000 a $110.000.
El Gobierno, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, hizo saber que vetará la norma. El oficialismo reprocha que las iniciativas de los bloques opositores alteran el orden macroeconómico conseguido.
El diputado de Encuentro Federal expuso en la octava hora de debate por el aumento de las jubilaciones que impulsa la oposición y que el oficialismo intenta frenar. El legislador rionegrino advirtió que el gobierno debería empezar a tomar nota de la situación social. “Sería bueno que reflexionara”, aseguró.
“Hay una realidad social que empieza a plantearse demandas que ya no son suficientes con la contención de la inflación”, agregó.
Pichetto sostuvo que probablemente se apruebe alguno de los dictámenes, luego el gobierno vete la norma, en un ciclo que, sostuvo, no tiene sentido. “Cuidado con este tema de que la macro alcanza para ganar una elección”, alertó.
Los diputados nacionales discuten numerosos proyectos que apuntan a sancionar por ley una recomposición de los haberes jubilatorios. Hay 14 dictámenes de comisión. El bloque de Unión por la Patria impulsa un proyecto que plantea aumentar un 7,2% las jubilaciones e incrementar el bono - hoy congelado en 70 mil pesos - compensando la pérdida de poder adquisitivo, en base a un cálculo que tiene en cuenta la devaluación de diciembre de 2023.
En los alrededores del Congreso se produjo una marcha en la que confluyeron numerosos reclamos relacionados con la recomposición de ingresos.
Actualmente, se discute en el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de Discapacidad y la reforma jubilatoria, mientras afuera se congregaron diversas ONGs y entidades relacionadas.
El inicio de la sesión en la Cámara de Diputados estuvo marcado por el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición respecto a la composición y el funcionamiento de la Comisión $Libra.
El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, afirmó que los recursos para atender un aumento de las jubilaciones y los numerosos reclamos que confluyen este miércoles en las afueras del Congreso, pueden obtenerse del capital financiero, los pagos de intereses de deuda y de las exenciones impositivas a grandes empresarios
“Saludamos la enorme movilización que afuera se está desarrollando”, introdujo Del Caño.
Luego apuntó contra el Gobierno nacional. “Uno de cada cuatro pesos que recortaron, ha sido al sistema previsional, a esos jubilados a los que también les han recortado los medicamentos”.
“Si se hubieses aplicado la fórmula de actualización del gobierno, hoy el bono sería de 160 mil pesos, no 70 mil. Está congelado y licuado”, indicó, aludiendo a uno de los puntos que destacan los proyectos que impulsan la oposición.
Luego enumeró: “El capital financiero, esa deuda impagable que todos los gobiernos reconocen, es el que se está llevando los recursos de los jubilados y de todos los sectores que reclaman”.
Finalmente, Del Caño resaltó la intervención de la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, que tuvo un fallido al asegurar que la canasta básica familiar de cuatro personas tenía un valor de 360 mil pesos. “Parece que no va al supermercado, no va al almacén, no tiene ni idea. Es un insulto”, reprochó.
“El desprecio por lo popular y por la ampliación de derechos es patente. Odian a los jubilados, odian a los estudiantes de las universidades nacionales, odian a los médicos de los hospitales públicos. El verdadero programa político de Javier Milei es ese: el odio como política”, afirmó la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta.
La legisladora de la oposición preside la comisión de Personas Mayores en la Cámara de Diputados. En ese rol, defendió el dictamen del peronismo, que busca recomponer los haber jubilatorios de la siguiente manera: restituir la moratoria previsional, ampliar el acceso a la PUAM y otorgar un bono del 7,2%, más una ayuda económica de hasta $115.000.
“El Gobierno tiene una agenda contra los jubilados. Amenazan con vetar cualquier mejora”, la mentó la diputada, que se hizo presente en la sesión tras someterse a una cirugía.
El diputado Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza - Salta), defendió la posición del gobierno nacional, asegurando que las jubilaciones se van a recomponer cuando se reforme el sistema sin afectar el equilibrio presupuestario.
“El kirchnerismo es especialista es bonos: ´bo no tenés libertad´, ´bo no tenés aportes´”
“No estamos en contra de que un jubilado cobre bien, yo aporté 30 años y me voy a jubilar con una mísera suma porque se gastaron la plata en propaganda o se la robaron”, dijo el legislador de origen salteño.
“Es como ver a Jack el destripador dando lecciones de cómo resucitar personas”, cuestionó.
Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, fue miembro informante de la discusión en el recinto, defendiendo el proyecto opositor que impulsa un aumento del 7,2$ de las jubilaciones.
Tolosa Paz, ex titular de ANSES, dijo que esa es la diferencia que perdieron los jubilados y pensionados con el salto de devaluatorio que provocó el gobierno en el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.
“No son números aleatorios ni al azar, son los números ajustados mes a mes desde que Javier Milei los dejó congelados”, dijo la legisladora de Unión por la Patria.
Afuera del Congreso se realiza la marcha de jubilados, como todos los miércoles.
“No hay patria pegándoles a los jubilados y pensionados, la hay devolviéndoles lo que les sacaron”, cerró Tolosa Paz.
Los diputados comenzarán a discutir finalmente el proyecto que busca recomponer los ingresos de los jubilados, actualizando los haberes y el bono que actualmente el Gobierno mantiene en $70.000.
La integración de la comisión investigadora del caso $LIBRA, que había trabado el debate, se definirá la próxima semana, según lo acordado entre los presidentes de los bloques.
Los presidentes de bloque discuten en el atril de Martín Menem cuestiones reglamentarias para avanzar en la conformación de la comisión que investigará el caso $LIBRA, sensible para el oficialismo ya que se acusa allí al presidente Javier Milei de haber participado de una maniobra fraudulenta.
La intervención del diputado libertario Lisandro Almirón encendió aún más los ánimos en el recinto durante el debate sobre la Comisión investigadora por el caso $LIBRA. Al referirse al diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, lo llamó “Agost Carroña”, lo que provocó una inmediata reacción de gritos e insultos que interrumpieron su discurso. “En su proyecto tiene otra intencionalidad política, que es como dijo la diputada (Cecilia) Moreau y (Germán) Martínez de Unión por la Patria, asociando la comisión de LIBRA...”, alcanzó a decir antes de que estallaran las protestas.
El comentario fue interpretado como una burla deliberada y elevó la tensión en una sesión ya atravesada por las disputas sobre el funcionamiento interno de la Cámara. Desde las bancas de la oposición, varios diputados exigieron una retractación, mientras el presidente del cuerpo, Martín Menem, intentaba recuperar el orden.
La discusión sobre la conducción de la Comisión $LIBRA volvió a tensar el clima en la Cámara de Diputados. El diputado Oscar Agost Carreño pidió una moción de apartamiento del reglamento para que el pleno del recinto vote las autoridades del nuevo cuerpo legislativo, luego del empate que impidió su conformación. Desde Unión por la Patria, Paula Penacca se sumó al reclamo para destrabar la situación: “Si el Gobierno no tiene nada que ocultar relacionado a este tema, ¿por qué no superamos esta discusión?”, planteó.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, respondió con una interpretación estricta del reglamento y evitó habilitar la votación. “Cualquier cuestión que se quiera modificar requiere de otro proyecto de resolución. No se trata de una regla. En ningún lado del reglamento dice que en caso de empate en elección de autoridades debe resolver el pleno”, explicó. Además, afirmó que se trata de una “situación política que tiene que resolver la comisión”, dejando en claro que no convalidará un procedimiento fuera de lo normado.
El legislador de Encuentro federal solicitó apartarse del reglamento para definir la conducción del nuevo cuerpo, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, advirtió que implicaría una modificación normativa.
“Tenemos la intencion de hacer una moción en los términos del 228. Tenemos un bloqueo para cumplir una orden que votó este recintro que tiene que ver con la comisión de investigacion de Libra”, sostuvo Agost Carreño.
Con 129 presentes y aportes clave de Arrieta y Acevedo, la Cámara de Diputados abrió el debate sobre jubilaciones, discapacidad y el financiamiento del Garrahan. Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores independientes empujaron la sesión, mientras el PRO, Innovación Federal y la Liga del Interior se mantuvieron al margen.
El Congreso de la Nación ya se encuentra blindado por las fuerzas federales de seguridad. Como sucede los miércoles desde hace un tiempo, hay en las inmediaciones agentes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal a la espera del grueso de manifestantes.
Este miércoles, se sumarán a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso, los trabajadores del Garrahan —quienes mantienen una protesta contra el Gobierno por los sueldos de los residentes, entre otras cosas—, y el colectivo de Ni Una Menos —a 10 años de la primera convocatoria en el país—.
El Gobierno se enfrenta este miércoles ante la posibilidad de que la oposición no-dialoguista logre juntar el quórum para abrir una sesión especial y tratar proyectos sensibles que los libertarios no quieren aprobar por su alto costo fiscal. En ese marco, diferentes agrupaciones sociales y políticas convocaron a una manifestación frente al Congreso, por lo que esperan posibles escenas de tensión frente al operativo policial.
Bloques de la oposición dura y dialoguista convocaron para este miércoles a las 12 a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario que puso en alerta al Gobierno por su alto impacto fiscal. De hecho, voceros oficiales y extraoficiales del oficialismo ya adelantaron que serán vetados por el presidente Javier Milei todos los proyectos que pongan en riesgo el superávit fiscal.