Tal como lo había hecho hace menos de un mes, la cancillería de Irán reclamó este lunes que el Gobierno argentino “facilite la salida de los ciudadanos iraníes lo antes posible”, en alusión a los cinco integrantes de la tripulación del avión venezolano que continúa retenido en Ezeiza.
La aeronave se encuentra varada en el aeropuerto internacional desde el 8 de junio, tras arribar desde México y luego de haber intentado sin éxito entrar en Uruguay, con 5 iraníes y 14 venezolanos a bordo.
En ese contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Naser Kanani, se refirió al decomiso del avión en Argentina, señalando que pertenece a Venezuela porque fue vendido a Caracas sobre la base de mecanismos internacionales, de acuerdo a lo que consignó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).
“Esperamos que las autoridades argentinas no cedan ante ninguna presión de los Estados Unidos y el régimen sionista y que faciliten la salida de los ciudadanos iraníes lo antes posible”, dijo, a la vez que señaló que la liberación de los cinco ciudadanos iraníes es de gran importancia para Teherán porque, según su visión, han estado bajo arresto durante alrededor de 80 días y no han hecho nada malo.
De esta forma, Irán reiteró el reclamo realizado el 20 de julio, cuando expresó en un comunicado “la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos”.
“Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní”, explicó el texto en ese entonces y agregó: “El estatus del avión venezolano y de los miembros de la tripulación iraníes es completamente legal en el marco del derecho internacional y de las convenciones aéreas, por lo que no hay lugar a investigar a los ciudadanos iraníes”. Desde la sede argentina en Teherán respondieron que “el tema está en la Justicia y es quien dictaminará los pasos a seguir en la causa”.
La tripulación tiene prohibido abandonar Argentina mientras la Justicia investiga un posible nexo con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán.
Hasta el momento, el juez federal Federico Villena y la fiscal federal Cecilia Incardona no pueden avanzar en la investigación del sospechoso avión venezolano-iraní ante la ausencia de datos claves que permitan confirmar la participación en actos de terrorismo internacional del piloto Gholamreza Ghasemi y los otros 18 tripulantes del Boeing 747-300, que voló desde Caracas a Buenos Aires transportando 47.882 kilos de autopartes.
La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) y el aparato de inteligencia exterior de Israel (Mosad) ratificaron a Villena e Incardona que Ghasemi está “asociado” a la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah, dos organizaciones terroristas acusadas en la Argentina de volar la embajada israelí y la AMIA.
El FBI también confirmó a la justicia federal que la Fuerza Quds utilizó a Fars Air Qeshm y a la aerolínea Mahan Air para ejecutar acciones terroristas en Medio Oriente. Y aseguró en un reporte enviado desde Washington que “Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas”.
Asimismo, el jueves pasado Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní-venezolano. En la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el magistrado autorizó “una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto”.
El juez también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado. Para eso autorizó al Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (CEAC), Comisionado Mayor Maximiliano Lencina, “con expresa colaboración y participación del agregado legal del FBI en la Argentina”.
El requerimiento de la justicia de Estados Unidos -que fue girado a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia argentino- tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.
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