Las revelaciones de los Suisse Secrets, la filtración global liderada por el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) -de la que participó Infobae- generó reacciones globales en el ámbito financiero, jurídico y legislativo, con epicentro en Europa. Allí se manifestaron políticos, organizaciones civiles, expertos en distintas materias y periodistas: todos reclamaron cambios en el sistema financiero de Suiza para evitar que bancos como el Credit Suisse sigan siendo como un lugar amigable para el dinero cuyo origen puede ser la corrupción y el crimen organizado.
La reacción más contundente vino desde la política. El reclamo se trasladó hasta Bruselas, donde funciona el Parlamento Europeo. El grupo del Partido Popular Europeo, la principal formación de ese órgano, reclamó a la Comisión Europea que considerara una posible inclusión de Suiza en la lista negra de los paraísos fiscales de este bloque de países, lo que sería la medida más contundente reclamada tras los Suisse Secrets. “Como Parlamento, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo la italiana Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos.
En esa misma línea, el eurodiputado Markus Ferber, vocero del grupo del Partido Popular, agregó: “Las leyes de privacidad bancaria no deben convertirse en un pretexto para facilitar el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Los resultados de Swisse Secrets señalan las enormes deficiencias de los bancos suizos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Aparentemente, Credit Suisse tiene una política de mirar hacia otro lado en lugar de hacer preguntas difíciles”.
La lista negra de la Unión Europea, que reúne a jurisdicciones no cooperantes, se introdujo en octubre de 2017 y se actualiza normalmente dos veces al año. La última revisión se realizó en octubre pasado y se espera la siguiente en las próximas semanas. Actualmente, los países incluidos son Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.
Luego hay una lista de países que han hecho compromisos y cuyo cumplimiento es especialmente monitoreados, como Turquía, Botswana, Anguila, Barbados, Dominica, Seychelles, Tailandia, Costa Rica, Hong Kong, Malasia, Uruguay, Jamaica, Jordania, Macedonia del Norte y Qatar. La italiana Tinagli dijo que es necesario “aprovechar la oportunidad que ofrece este asunto” para una reflexión más amplia sobre la legislación contra el blanqueo de capitales, que está siendo revisado actualmente por las instituciones europeas.
La filtración
El pasado domingo 20 de febrero, Infobae junto a medios de comunicación del mundo, como The Guardian, Le Monde y The New York Times revelaron que el Credit Suisse, el segundo banco más grande de Europa, mantuvo más de 18.000 cuentas en las que aparecen clientes que habrían estado implicados en delitos graves, como torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción. Fue a partir de la filtración de información que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que compartió con OCCRP y casi medio centenar de medios aliados.
Las repercusiones de los Suisse Secrets se mudaron también a otros parlamentos del viejo continente. La diputada británica Margaret Hodge dijo: “Sabíamos, por las filtraciones del FinCEN Files, que todos nuestros bancos, la mayoría de los grandes nombres, facilitaban y eran cómplices de la financiación ilícita. Y sabíamos entonces que utilizaban un sistema muy burocrático para decir a la gente que cumplían con la legislación contra el blanqueo de capitales, y luego seguían adelante a pesar de todo. Así que esto confirma algo que ya sabíamos. Es total y absolutamente impactante”.
Las revelaciones de los Suisse Secrets relanzaron el debate sobre la transparencia financiera del país alpino, que lleva años intentando limpiar su imagen. La investigación revela, entre otros casos, que el banco suizo guardó USD 273 millones de ex funcionarios venezolanos acusados de desviar dinero de la petrolera estatal PDVSA. Sus cuentas se mantuvieron abiertas incluso después que algunos se declararon culpables por cargos de corrupción.
A 24 horas de difundidas las primeras historias sobre el rol que cumplió el banco como receptor de cuentas de dudoso origen, las acciones de Credit Suisse, el segundo mayor banco de Suiza, cotizaban al principio con caídas cercanas al 4%. El Índice de la Bolsa de Valores de Suiza (SMI) se mantuvo estable.
En algunos países se abrieron expedientes judiciales. Es el caso de Macedonia, donde la Procuraduría contra el Crimen Organizado y la Corrupción abrió una investigación.
Cuatro días después de las primeras revelaciones de Suisse Secrets, estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania a partir de la decisión de Vladimir Putin de invadir este país - ex república de la antigua Unión Soviética-, por su intención de sumarse a la OTAN. Pese a la posición unánime de los principales países occidentales de condenar el ataque militar y aplicar sanciones económicas a Rusia, Suiza decidió - en medio de los cuestionamientos sobre el rígido secreto bancario de ese país- mantener su “neutralidad” y no congelar los activos de las cuentas de funcionarios en ese país en bancos suizos.
“Esta negativa del país helvético a sancionar a Rusia es una ruptura con su política anterior. En 2014, Suiza sancionó a decenas de personas y entidades rusas para evitar que Rusia utilizó bancos suizos para eludir las sanciones de EE. UU. y la UE”, recordó Samuel Ramani el analista internacional y académico, con un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford.
Reclamo de “acciones concretas”
Los Suisse Secrets también tuvieron impacto entre las organizaciones de la sociedad civil. Desde Transparencia Internacional dijeron que “ya es hora de que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas decisivas contra estos facilitadores profesionales del crimen financiero” y reclamaron acciones concretas: registros de beneficiarios reales con información verificada, mecanismos de supervisión activa, sanciones ejemplares para los bancos y sus ejecutivos, y trabajo de inteligencia estratégica para evitar aceptar dinero negro de personas no residentes en Suiza.
Maira Martini, experta en antilavado de dinero de Transparencia Internacional, dijo que “las investigaciones de Suisse Secrets prueban una vez más que no se puede confiar en que los bancos se vigilen a sí mismos. Los denunciantes y los periodistas hacen un trabajo valiente para informar sobre tales violaciones, pero esperar cada seis meses por la próxima gota de documentos incriminatorios no es una práctica efectiva. En cambio, las autoridades deberían detectar y prevenir con prontitud la recurrencia del lavado de dinero. Un tirón de orejas cuando se descubren las reiteradas infracciones de los bancos no es suficiente”.
Tras hacerse pública la filtración, distintos expertos en temas financieros indicaron que el problema trasciende a las propias fallas del Credit Suisse en la tarea de compliance, sino que se trata de las débiles regulaciones en toda la industria de los bancos en Suiza. James Henry, economista de Tax Justice Network, explicó que la “sanción básica de elección” para los bancos que operan en Suiza es pagar una multa. Pero “esto es solo un error de redondeo” que transmiten a sus clientes, o algo que tratan como “el costo de hacer negocios”.
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos multó al Credit Suisse con USD 2.600 millones por lo que describió como “una conspiración para ayudar a los evasores de impuestos de Estados Unidos” en 2014, la multa en sí era deducible de impuestos, señaló. Nadie fue a la cárcel, y nadie perdió ninguna licencia. Algunos directores ejecutivos tienen que ir a la cárcel”, advirtió Henry ante la consulta de OCCRP. “Tienen que pasar un tiempo real en la cárcel”, enfatizó.
Hervé Falciani, un ingeniero de sistemas franco-italiano al que se atribuye haber expuesto a más de 130.000 presuntos evasores de impuestos que eran principalmente clientes de la división bancaria suiza de HSBC, fue contundente: “El sistema es el problema”. Para Falciani, “la única forma de exponer sus irregularidades es encontrar formas de penetrar el velo de secreto que lo protege”.
Ross Delton, ex regulador bancario, dijo que las personas políticamente expuestas (PEP) no tienen prohibido abrir cuentas bancarias, pero deben estar sujetas a un mayor escrutinio, que incluye examinar el origen de su riqueza. Su incorporación como cliente -agregó- debería ser aprobada por un alto ejecutivo del banco.
En cuanto a los condenados por corrupción, consideró que “es un nivel completamente diferente”, y que en esos casos, “la pregunta debería ser si aceptar al cliente o no”. Lo mismo con personas condenadas por cargos de tráfico de drogas, o que aparecen en listas de sanciones. “Aunque a los bancos no les gusta decir que no, se supone que deben decir que no”, afirmó Delton.
La mordaza para periodistas suizos
La ley bancaria suiza también dificulta la información periodística sobre delitos financieros. El artículo 47 de esa normativa deja a los periodistas de ese país en riesgo de ser procesados sólo por poseer, y mucho menos publicar, datos bancarios privados. Por esa razón, Tamedia, un grupo de medios suizo que fue convocado como socio de OCCRP, eligió no unirse a esta investigación.
“Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza”, dijo Arthur Rutishause, editor en jefe de Tages-Anzeiger, el periódico de este grupo periodístico, el más importante de Suiza. “Solo sirve para censurar e intimidar a los medios. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intentan exponerlos corren el riesgo de ser procesados penalmente”, alertó.
El reclamo para aliviar la carga contra los periodistas suizos trascendió fronteras. La Federación Europea de Periodistas exigió el levantamiento del secreto bancario y, en particular, de las disposiciones penales que, desde 2015, impiden que la prensa suiza contribuya a la revelación de estos escándalos.
“Suiza no respeta los estándares legales europeos sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Favorece el interés particular de los banqueros sobre el interés general. Esta práctica es digna de los peores estados autoritarios. Y esto no puede continuar”, aseguró Ricardo Gutiérrez, secretario general de la federación de periodistas suizos.
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