Legalización del aborto: un largo proceso, el peso presidencial y la mezquindad del uso político

Todos los presidentes sueñan -y algunos consiguen- dejar una marca propia en su paso por el poder. El punto es que cuando lo logran, ese paso suele ser síntesis de algún proceso social por lo general extenso, además de profundo. No le quita mérito a ninguno, y en el caso de la legalización del aborto, no se lo quita a Alberto Fernández. El impulso presidencial dio el giro que faltaba, en el contexto de un debate sensible que difícilmente esté saldado y que seguramente provocará otros capítulos políticos, de aplicación y hasta judiciales. Los réditos pretendidos, en términos prácticos, son otra cosa.

El Presidente analiza la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un dato político que lo oxigena en el final de un año complejo y delicado. Otra vez asoma la preocupación por una escalada del coronavirus, cruzado además por desconfianzas y limitaciones de la vacunación en buena parte atribuibles a los manejos de gestión. Eso agrega incertidumbre sobre el freno o la prolongación de la crisis económica y social agravada por las restricciones que arrancaron en marzo, se fueron flexibilizando después de meses, mostraron incumplimiento desde el propio poder y hoy son un interrogante en sí mismo.

El cuadro general agrega el desgaste de la imagen individual del Presidente y de la gestión, después de los lejanos picos de aprobación en el inicio de la cuarentena. Para completar, se añade la tensión interna con Cristina Fernández de Kirchner, con límite difundido en la unidad del oficialismo aunque con visible impacto en el armado político del Presidente.

En el final de 2020, entonces, el Congreso acaba de brindarle un resultado esperado. Alberto Fernández celebró y al mismo tiempo procuró, sin demoras, comenzar a cerrar las fisuras que generó en los bloques oficialistas el tratamiento de la legalización del aborto. Es otra expresión original de lo que acaba de ocurrir. Un triunfo político que demandó un tejido plural, aunque no partidario pero sí entre sectores de las principales fuerzas políticas. Con todo, esta “transversalidad” fue diferente a la de hace dos años: pesaron el proyecto del Ejecutivo y la decisión de los legisladores opositores alineados en el sector “verde” que descartaron la especulación sobre la “ganancia” de una derrota presidencial.

Si se entiende éste como un avance en materia de derechos –que es el punto destacable más allá de cualquier mezquindad-, la contracara está a la vista. El reflejo conceptual del oficialismo más cerrado y la necesidad de un éxito oxigenante para el Gobierno desdibujan el sentido de la aprobación de la IVE.

El recorrido de años expone el proceso. Fueron varias las presentaciones de proyectos que apenas representaban un gesto “testimonial”, minoritario. Esa demanda del feminismo real, no decorativo ni oportunista, fue persistente. Y logró un inicial y potente giro en 2018, con la habilitación del tema en la gestión de Mauricio Macri: se instaló por primera vez con chances el debate en el Congreso. El salto ahora fue el envío del proyecto desde la Casa Rosada.

Quizá por el lugar ganado entonces y en parte por las limitaciones o las tensiones actuales en otros terrenos, empezando por el sanitario, aquél debate pareció más intenso. Y mostró como limitación que faltaba madurar un nuevo paso político. Eso fue lo que terminó de ocurrir pisando el final del 2020.

Las divisiones en las principales fuerzas volvieron a ser evidentes. Hubo algunos cambios de voto llamativos, tal vez por “disciplina” o puro oportunismo. También, en el Senado, una modificación específica sobre limitaciones después de la semana 14 de gestación. El Ejecutivo quedó comprometido en una negociación con opositores y algunos provinciales que había sido negada en Diputados. Otra movida política que superó al Congreso y los límites del oficialismo.

En cada fuerza hubo contradicciones sobre el proyecto en sí mismo. Pero también emergieron señales más de fondo sobre la concepción de la política. Se sucedieron algunos discursos destacados en todas las bancadas. En la línea de impulso al proyecto, por ejemplo, las oficialistas Norma Durango, que presentó el compromiso para destrabar la votación, o Ana Almirón, y en la oposición, Gladys González y Luis Naidenoff.

Otra fue la cuerda tocada por Anabel Fernández Sagasti, que sectarizó el discurso con una original síntesis entre peronismo y feminismo, con “adjudicación” casi exclusiva de la obtención de derechos a su propia fuerza política.

No fue la única señal que pareció aludir a la consideración de los derechos como concesión del poder. Alberto Fernández y algunos voceros prefirieron ser medidos y refirieron a un compromiso de campaña. Se volvió sobre el “valor de la palabra empeñada” y se extendió el análisis a una valoración acrítica de la gestión. Es decir, se distorsionó un avance real para tratar de pintar otra realidad luego de un duro año de gestión. Vale otro dato, desdibujado por la intensidad del debate sobre la IVE: unas horas antes, Diputados había convertido en ley el ajuste de la movilidad jubilatoria.

Seguí leyendo: