El empresario Fabián De Sousa defendió la contabilidad del Grupo Indalo en el juicio por supuesta defraudación al Estado

“Me están sometiendo casi a una pericia, no a una declaración”, dijo Fabián De Sousa ante el Tribunal Oral Federal 3, que lo está juzgando junto a su socio Cristóbal López y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Es que después de seis audiencias en donde De Sousa expuso su estrategia de defensa, negó las acusaciones y apuntó al gobierno de Mauricio Macri de haber llevado un plan para sacarle sus empresas, comenzaron las preguntas. La querella de la AFIP llevó adelante un pormenorizado interrogatorio sobre los balances y préstamos entre las firmas que conformaron el grupo Indalo. Y la fiscalía ahondó en la estructura de “caja única” y en saber cómo cumplían con las obligaciones impositivas en cada caso.

Pero De Sousa insistió en su postura de defender cómo se manejaba la contabilidad y el pago de obligaciones. Y aseguró que una causa contra la empresa, motorizada por la diputada Elisa Carrió, había terminado en un sobreseimiento, lo que –a su juicio– ratificó que lo que estaban haciendo no constituía ningún delito.

De Sousa y Cristóbal López están acusados de ser partícipes de defraudación al Estado por una denuncia de la AFIP a raíz del supuesto no pago al fisco de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ITC) retenidos por la firma Oil Combustibles en 2013 y 2015. El autor de esa maniobra, dice la hipótesis de la acusación, es Echegaray, titular de la AFIP durante el kirchnerismo.

Dos horas después de la hora fijada, por culpa de otro debate que se sustentaba en la Sala AMIA, los jueces del TOF 3 Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos iniciaron la audiencia para que De Sousa contestara preguntas. La querella de la AFIP, encabezada por el abogado Alejandro Carrió, comenzó un pormenorizado repaso sobre los préstamos que había entre sociedades del mismo grupo, o de los directivos con las firmas para saldar distintas deudas.

Lo curioso es que después de un repaso de números y planes la querella quiso saber en qué momento comenzó el concurso de quiebra de la firma. Y también por qué en marzo de 2016 se había anunciado ante la prensa que Cristóbal López iba a alejarse de la conducción del grupo y De Sousa iba a tomar un rol más relevante.

La defensa de De Sousa rechazó esa pregunta por entender que no hacía al objeto de la causa. “Acá se están investigando dos planes especiales y dos planes generales”, dijo Carlos Beraldi, abogado de De Sousa. Pero el Tribunal habilitó avanzar en esa línea.

La fiscalía, a cargo de Juan García Ellorio, preguntó sobre la estructura financiera del grupo Indalo y el concepto de “caja única”. “No sé si forma parte del objeto de este juicio”, respondió esta vez el propio De Sousa. Una vez más, el empresario respondió: “El concepto de caja única nace con el grupo y muere con el grupo”. Admitió que “pudo haber existido” alguna objeción de alguna de las administraciones de empresas que pertenecían al emporio.

El empresario aseguró que había un proceso de control interno y de auditoría permanente de los estados contables. “Todas las sociedades del grupo Indalo formaban parte del acervo patrimonial de Oil Combustibles”, afirmó. Y apuntó a una causa que se instruyó contra Oil Combustibles por haber ingresado el ITC en planes generales en 2013. Se había motorizado por una denuncia de Elisa Carrió y terminó con un sobreseimiento del juez penal Sebastián Ramos, que no fue apelado.

Según explicó, apenas se publicó aquella denuncia inicial, De Sousa afirmó que en ese momento habían hecho las consultas a sus contadores y abogados “para saber si habíamos cometido algún error y si ese error era un delito. Lo hicimos y, vinculados a los auditores, hubo dos o tres pedidos de informes. Todos dijeron que lo que se había realizado en torno al cumplimiento de las normas tributarias era impecable, que no se estaba cometiendo un delito. Eso fue lo que ratificó que la conducta que había desarrollado el grupo Indalo era una correcta administración de los negocios”.

En sus anteriores exposiciones, De Sousa hizo hincapié en que hubo una decisión de la AFIP, con la gestión de Alberto Abad, de asfixiar a la compañía hasta la quiebra. "Para mí no era ningún negocio no pagar los impuestos”, había dicho. Y hoy añadió, cuando repasaba su contabilidad: “Si una compañía se dedica a defraudar, ¿va a registrar gastos por el 0,65 por ciento de un mutuo?”.

Según la hipótesis de la acusación, los titulares de la firma Oil Combustibles “utilizaron el dinero proveniente del cobro del ICL que debía ingresar al fisco nacional y lo destinaron deliberadamente a fondear, a costa de las arcas del Estado, otras empresas de su propio grupo económico y a su patrimonio personal, autodescapitalizando a la firma petrolera, de modo tal que aquella se encontrara en un estado en el que no tuviera capacidad para afrontar la deuda fiscal creciente”. La fiscalía afirma que eso no habría sido posible si la AFIP hubiera controlado.

“Año a año mientras que la empresa OIL contaba con el dinero para pagar el ICL, en lugar de pagarle al fisco, lo transfería en préstamos a otras sociedades del Grupo en condiciones inferiores a las que le otorgaba la AFIP para la financiación del impuesto, sin plazo de devolución, sin garantía que lo respaldara y frente a empresas que a su vez también se descapitalizaban”, escribió el fiscal Gerardo Pollicita durante la instrucción.

En esa línea, se explica, “a partir del año 2016 y ante la imposibilidad de continuar financiando el pago del ICL con planes de facilidades otorgados por el organismo recaudador, López y De Sousa declararon el estado de cesación de pagos de la empresa petrolera e iniciaron el proceso por el cual su principal acreedor, el Estado nacional, se vería impedido de cobrar la monumental deuda acumulada”.

Tanto Echegaray como De Sousa en sus indagatorias en el inicio de este juicio rechazaron esas acusaciones. Cuando De Sousa termine de responder las preguntas de las partes, llegará la declaración de Cristóbal López.

Los empresarios llegaron al juicio detenidos. Habían sido arrestados en diciembre de 2017 por entender que habrían querido vender su empresa, cuando estaban inhibidos. En septiembre pasado, la juez María Capuchetti dijo que esas maniobras no existieron. El TOF 3, entonces, resolvió liberarlos, mientras avanza el debate para determinar si defraudaron o no al fisco.