El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó duramente el proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso que busca que los delitos cometidos por policías y militares durante el ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por la justicia militar policial. Según afirmó, la iniciativa es “inconstitucional” porque permitiría que casos que actualmente son investigados por la justicia ordinaria, incluidos presuntos homicidios, torturas o actos de corrupción, pasen a ser considerados delitos de función.
La propuesta, respaldada por bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, obtuvo 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones en el Pleno. Aunque todavía debe superar una segunda votación antes de convertirse en ley, ya ha generado fuertes cuestionamientos de especialistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre un posible impacto en investigaciones que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Qué cambia con la propuesta aprobada en el Congreso
De acuerdo con lo expuesto por Quispe en diálogo con Exitosa, el proyecto aprobado en primera votación introduce una modificación de fondo en el tratamiento de los hechos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. El especialista recordó que, bajo el marco actual, los llamados delitos de función están vinculados a conductas propias de la disciplina interna, como una desobediencia, un insulto a un superior o el incumplimiento de órdenes operativas. Sin embargo, la iniciativa legislativa apunta a incluir en esa categoría hechos que no tendrían esa naturaleza.
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“Se ha aprobado, como ya es costumbre del Congreso, una norma inconstitucional”, sostuvo el abogado del IDL en la entrevista radial. Para el especialista, el problema central está en que el texto pretende trasladar a la jurisdicción militar policial casos que deberían seguir siendo investigados y sancionados en la justicia ordinaria, especialmente cuando se trata de hechos que afectan derechos fundamentales de civiles.
En su explicación, Quispe puso como ejemplo un eventual caso de asesinato o tortura dentro de una comisaría contra un ciudadano. A su criterio, esos hechos no pueden ser tratados como si fueran simples faltas derivadas del servicio, porque implican delitos comunes que ya cuentan con un criterio definido por la Corte Suprema desde hace décadas. También advirtió que, según la forma en que está redactada la iniciativa, podrían alcanzarse incluso procesos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el caso de un policía que haya recibido una coima.
Otro punto que encendió las alertas es que la propuesta impediría que una misma persona sea investigada al mismo tiempo en dos vías distintas por los mismos hechos. Para sus defensores, esa medida busca evitar la doble persecución. Para sus críticos, en cambio, el efecto práctico sería restringir la actuación del Ministerio Público y limitar el control de los jueces ordinarios en causas que involucran a agentes del Estado.
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Las objeciones del IDL y el temor por la impunidad
Uno de los puntos más sensibles planteados por Juan José Quispe tiene que ver con el impacto que esta norma podría tener en casos relacionados con derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a protestas sociales y operativos policiales o militares. Según señaló, la posibilidad de que expedientes como esos pasen al fuero privativo abriría la puerta a decisiones menos severas y a una eventual reducción de responsabilidades penales.
El abogado fue claro al sostener que la Policía Nacional o el Ejército no pueden actuar como juez y parte en procesos que los involucran directamente. Desde su perspectiva, permitir que el mismo aparato institucional que participó en los hechos también intervenga en su juzgamiento compromete la imparcialidad de las investigaciones. En ese sentido, afirmó que no resulta confiable que una instancia vinculada a la propia estructura castrense determine la responsabilidad penal de sus miembros.
Quispe también mencionó el escenario de la llamada cadena de mando, un tema que suele aparecer en investigaciones complejas sobre uso excesivo de la fuerza. Explicó que, en muchos casos, las pesquisas no se quedan en el nivel operativo de un suboficial, sino que avanzan hacia mandos intermedios y superiores, incluso hasta autoridades políticas y jefaturas institucionales. Bajo la lógica del proyecto, advirtió, juzgar a esos niveles dentro de la justicia militar policial podría volverse aún más difícil.
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El abogado del IDL agregó que, en la práctica, una relación jerárquica dentro de la institución puede afectar la independencia del proceso. Puso como ejemplo el caso de un suboficial que tenga que tomar declaraciones a un general investigado, una situación que, según dijo, podría generar una evidente asimetría en el trato y afectar la objetividad de la investigación. A ello sumó el riesgo de que las sanciones terminen siendo menores o de que ciertos hechos sean reinterpretados como una actuación legítima en defensa del servicio.
Durante la entrevista, Quispe recordó además que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya han establecido límites sobre qué debe considerarse realmente un delito de función. Por eso, consideró que la propuesta parlamentaria desnaturaliza esa figura y rompe el criterio que durante años ha permitido diferenciar entre infracciones militares o policiales internas y delitos comunes cometidos contra civiles.
En paralelo, desde otros sectores también se han expresado críticas. El abogado Carlos Rivera, del IDL, advirtió que la redacción del proyecto podría alcanzar procesos ya en marcha y afectar casos sensibles vinculados con protestas y violencia estatal. En tanto, la congresista Susel Paredes cuestionó que se intente crear un trato especial para policías y militares que cometen delitos comunes, mientras que desde el propio debate parlamentario se insistió en que la iniciativa busca evitar procesos paralelos.
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